Jonathan Felipe: “Esta ley la ha hecho el pueblo y es un legado de La Palma para todo el archipiélago”

El alcalde de Breña Alta y diputado regional (CC), Jonathan Felipe Lorenzo, defendió este martes en los micrófonos de COPE La Palma la tramitación y el contenido de la futura Ley de Volcanes, cuyo proceso parlamentario está prácticamente concluido. Una normativa, nacida de una iniciativa legislativa popular tras la erupción del Tajogaite, que establece por primera vez un marco legal específico en Canarias para afrontar emergencias volcánicas.

“La ley mantiene la esencia de lo que pidió el pueblo”, subrayó Felipe. Destacó que, pese a algunas críticas por la dilatación en su tramitación, esta ha sido una de las iniciativas populares más rápidas en ser atendidas por el Parlamento canario. “Se ha construido desde el consenso, respetando la voluntad popular, pero también cuidando cada coma para evitar problemas legales como un recurso ante el Constitucional”.

Entre los elementos clave de la ley se incluyen el estatuto del afectado, la participación pública y la posibilidad de crear un consorcio de reconstrucción. Este último aspecto fue especialmente defendido por el diputado, quien recordó que ya en octubre de 2021 propuso esta fórmula para coordinar la gestión post-erupción. “Nunca sabremos si hubiera sido más eficaz, pero lo que sí está claro es que el modelo actual no ha sido rápido”, lamentó.

Felipe fue muy crítico con el incumplimiento por parte del Estado de los compromisos financieros asumidos con La Palma. Según explicó, de los 600 millones necesarios para la reconstrucción —200 a cargo del Gobierno de Canarias y 400 del Estado— solo se ha recibido una fracción. “A día de hoy, el Estado debería haber ingresado ya 200 millones que no han llegado”, afirmó.

Respondió también a las declaraciones del comisionado para la reconstrucción, Héctor Izquierdo, quien cifró en 90 millones la cantidad restante para “dar por zanjado” el proceso. “Eso no es lo que se prometió. Los afectados esperan que se cumpla con el valor real de lo perdido, especialmente en la primera vivienda y en la agricultura. Y tengo dudas de que con 90 millones eso se resuelva”.

“La situación sociosanitaria es crítica, pero estamos respondiendo”

Como alcalde de Breña Alta, Felipe también abordó la situación del centro de mayores Nina Jaubert, después de que desde la oposición se denunciara un estado “grave e insostenible”. Admitió la dificultad estructural que atraviesan los servicios sociosanitarios, especialmente con un alto porcentaje de grandes dependientes, pero defendió la respuesta del Ayuntamiento: “Hemos habilitado todas las listas de reserva para poder suplir bajas y reforzar el personal en cuanto es necesario”.

Aseguró que se mantiene una comunicación constante con los trabajadores y sindicatos, y que se ha realizado un esfuerzo desde el área de Recursos Humanos para estabilizar las plantillas. “El problema de fondo es que los ayuntamientos, con el músculo técnico que tienen, están asumiendo competencias que son insulares o autonómicas. El 73% del trabajo de nuestros técnicos se va en cubrir un servicio que debería estar garantizado por otras administraciones”, denunció.

Felipe subrayó que el modelo actual de gestión sociosanitaria necesita ser revisado: “No podemos permitirnos una atención privatizada que dependa del riesgo empresarial. Los cuidados a nuestros mayores y personas con discapacidad deben estar garantizados por lo público, y eso requiere recursos y estructura”.

Una ley para hoy… y para el futuro

El diputado insistió en que la Ley de Volcanes no solo responde a la tragedia vivida en La Palma, sino que sienta las bases para el futuro de cualquier isla que pudiera enfrentar una emergencia similar. “Esta norma es un legado de La Palma a toda Canarias. Cuando haya un nuevo volcán, habrá una ley que permita actuar con rapidez, justicia y seguridad jurídica para los afectados”.

Felipe confía en que la ley sea aprobada definitivamente antes de final de año, para evitar que la cercanía del nuevo ciclo electoral convierta su tramitación en objeto de confrontación política. “El drama no puede ser monopolizado. Por eso defendimos el consorcio, porque obliga a todas las administraciones a remar en el mismo sentido”.