Carlos Cabrera (PP) denuncia una “ralentización” en el Cabildo: “Dejar 140 millones sin ejecutar es histórico”
El consejero popular asegura que, a 12 de enero, quedan más de 100 millones en inversiones sin materializar y advierte de retrasos que “asfixian” a proveedores y entidades del tercer sector. También defiende la actuación del anterior gobierno en el polémico tubo de La Fajana y confía en que los tribunales tumben la sanción.
El consejero del Partido Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha cargado en Herrera en COPE La Palma contra el ritmo de gestión del actual grupo de gobierno insular. A su juicio, el ejercicio 2025 deja un dato “alarmante”: 140 millones de euros sin ejecutar, con más de 100 millones correspondientes a inversiones. “Todo va muy despacio; si se hace tardíamente, se hace mal”, resumió.
Cabrera subrayó que el dato es especialmente grave por lo que considera una contradicción política: “Curiosamente, esto sí que es histórico: dejar de invertir tanto dinero en un año”, dijo, al tiempo que criticó que se trate, en sus palabras, del “equipo de gobierno más caro de la historia del Cabildo”, por número de cargos y coste, “y al final estamos ejecutando lo que estamos ejecutando”.
Inversiones pendientes y “falta de planificación”
Durante la entrevista, el consejero fue desgranando ejemplos por áreas. Señaló 15 millones no invertidos en infraestructuras y ámbito sociosanitario, 8 millones en carreteras y puso el foco en la empresa pública Sodepal, que —según expuso— pasa de consignaciones iniciales de alrededor de 2,5 millones a cerrar el año en torno a 8 millones.
“¿Qué significa? Que no hay planificación: pongo el dinero que pongo, gasto lo que tengo que gastar y a 31 de diciembre… le pongo a la empresa pública lo que se ha gastado, da lo mismo”, afirmó. Cabrera matizó que su crítica no va dirigida a la existencia de Sodepal, que considera necesaria, sino “a cómo se gestiona”.
Proveedores y tercer sector: “Meses y meses para cobrar”
Uno de los ejes del discurso de Cabrera fue el impacto que, a su juicio, tiene esa ejecución tardía en la economía real. “¿Quién paga todo esto? El proveedor palmero”, advirtió, denunciando demoras de “meses y meses” en el cobro. Contrastó esa situación con el ámbito de los espectáculos: “El artista cobra antes de subir al escenario; mientras que los proveedores… a verlas venir”.
El consejero extendió la crítica a entidades sociales que dependen de la financiación pública. Alertó de que la falta de un presupuesto aprobado para 2026 —y la tardanza en su tramitación— genera incertidumbre y dificulta la actividad del tercer sector: organizaciones que trabajan con personas mayores, con discapacidad, menores y colectivos vulnerables. “Están cobrando a últimos momentos, pasándolas muy mal porque no tienen fondos”, aseguró.
Presupuesto 2026 y Plan Económico-Financiero
Cabrera afirmó que, a la fecha de la entrevista, no había llegado a su grupo ningún borrador trasladado desde Consejo de Gobierno a comisión para su tramitación, lo que calificó como “muy mala noticia”. En este contexto, situó el debate sobre el Plan Económico-Financiero (PEF) y la estabilidad presupuestaria.
El consejero respondió también a lo señalado días atrás por el presidente insular en la misma emisora, quien restó importancia a un posible informe desfavorable de Intervención. Cabrera sostuvo que no se trata de un “capricho” técnico y mencionó informes de Intervención y de la oficina presupuestaria, además del papel de supervisión del Gobierno de Canarias. “Cuando hay un plan económico-financiero que hay que respetar… las leyes hay que cumplirlas”, insistió.
En su argumentario introdujo una cifra que calificó como gasto prescindible: “Se puede estar hablando de cerca de 6 millones en gastos de ocio y disfrute”. Dijo que ese desembolso “molesta” al gobierno cuando se critica, pero defendió que no debe priorizarse si hay carencias en agua, apoyo a empresas, estudiantes o determinadas ayudas sectoriales.
El tubo de La Fajana: recurso judicial y dudas sobre el dominio público
En el tramo final, Cabrera abordó el caso del tubo de La Fajana, una obra ejecutada durante el anterior mandato en un contexto de emergencia tras la erupción. Confirmó que existe un recurso judicial interpuesto por el Cabildo frente a la sanción y se mostró esperanzado en que “se normalice” la situación, defendiendo que la actuación se hizo con informes técnicos y jurídicos favorables.
Además, introdujo un elemento jurídico que, a su juicio, sigue sin aclararse: el nuevo trazado del dominio público marítimo-terrestre. Según argumentó, parte de la infraestructura podría estar en zona de servidumbre (con competencias autonómicas) y no necesariamente en dominio público estatal, lo que —en su opinión— debería analizarse y ayudaría a encauzar el conflicto.
Cabrera concluyó defendiendo que, en las circunstancias de entonces, volverían a actuar igual: “Lo volveríamos a hacer… se actuó correctamente con la mejor voluntad del mundo y con el conocimiento de las distintas administraciones”.
