La justicia da la razón a un agricultor afectado por el volcán en La Palma: podrá seguir cobrando la ayuda hasta que recupere su finca

Una jueza de primera instancia ha dado la razón a un agricultor del Valle de Aridane, en La Palma, permitiéndole seguir recibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad como autónomo tras la erupción del volcán de 2021. El fallo reconoce que no basta con replantar una finca: hay que esperar a que vuelva a dar fruto para que el agricultor pueda volver a obtener ingresos.

La batalla no ha sido fácil. Patricia Suárez, hija del agricultor afectado, lleva dos años luchando para que el Gobierno de España modifique el decreto que regula estas ayudas. Reclama algo que parece de sentido común: no es lo mismo sembrar que cosechar, y mucho menos vender. En el caso del plátano, pueden pasar más de doce meses desde la replantación hasta que la explotación vuelve a generar ingresos. Tiempo durante el cual el agricultor sigue pagando su cuota como autónomo, pero no percibe ni un euro.

“La Seguridad Social entendía que como mi padre ya estaba trabajando en la finca, se le acababa la ayuda. Pero no es así: trabaja, sí, pero aún no genera ingresos. No se puede considerar que ha recuperado su actividad con normalidad”, explica Patricia, que es graduada en Relaciones Laborales y experta en gestión de prestaciones. Su experiencia durante la pandemia, tramitando ayudas para autónomos, la preparó para este desafío burocrático tras el volcán.

El respaldo judicial se suma al del Defensor del Pueblo y al del Congreso de los Diputados, que también han pedido al Ejecutivo una modificación del decreto. “En 2023 solo recibimos falsas promesas. Esta sentencia llega ahora, gracias a la insistencia del Defensor del Pueblo. Pero aún queda trabajo. Esto no es una victoria definitiva”, advierte Patricia con prudencia.

La finca de su padre, como muchas en el Valle de Aridane, fue arrasada por la lava. Tras resembrar el 25% del terreno, la producción empieza a recuperarse: ya han obtenido dos cosechas y trabajan en la tercera. “Mi padre es agricultor de toda la vida, conoce bien su terreno y lo ha dado todo por salir adelante”, cuenta con orgullo su hija.

Sin embargo, la parte de la finca que quedó sepultada sigue inaccesible. La familia descarta, por ahora, recuperarla: “Económicamente es inviable. No se cubren los costes de las infraestructuras como el invernadero o los sistemas de riego. Sería un sueño, pero no es realista”.

A todo esto se suma el retraso en el pago de la compensación por pérdida de renta. Según relata Patricia, la correspondiente a 2024 aún no ha llegado, y la del año anterior tardó un año en abonarse. “Ya no se hacen ni las reuniones informativas. Vamos a preguntar y nadie sabe nada. No sé si es un bloqueo político o un problema económico, pero seguimos sin respuestas”.

Pese a todo, el tono de Patricia no es de derrota. “Lo positivo es que la justicia nos ha dado la razón. Ahora queda que el Gobierno reaccione, amplíe las ayudas con carácter retroactivo y que no olvide a los pequeños agricultores, los que lo perdieron todo y siguen esperando”.