El PSOE de La Palma denuncia la “imposición” del nuevo decreto sobre alumnado con necesidades especiales y acusa a Educación de “romper el consenso”
Los diputados socialistas acusan a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de imponer un modelo ideológico del Partido Popular y de falsear el consenso con la comunidad educativa
Los diputados del Grupo Parlamentario Socialista por La Palma, Jorge González, Alicia Vanoostende y Manuel Abrante, han denunciado la forma en que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias está tramitando la nueva normativa sobre la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Los socialistas acusan al departamento que dirige Poli Suárez (PP) de imponer un modelo sin consenso real, con el objetivo de privatizar servicios públicos en La Palma y en el resto del archipiélago.
Los representantes palmeros expresan su apoyo a las críticas formuladas por la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de La Palma (FAPA-La Palma), que ha calificado de “mentira” la afirmación de la Consejería de que el proceso ha contado con el respaldo de la comunidad educativa. En palabras de los diputados, “no existe ningún consenso, ni se han cumplido los compromisos adquiridos con las organizaciones del sector”.
Recuerdan que en julio de 2024 fue registrado en el Parlamento de Canarias un documento titulado “NEAE: Propuesta para la educación y la inclusión”, elaborado por 13 entidades de ámbito regional, incluyendo federaciones de AMPAS (como ConfapaCanarias), sindicatos y organizaciones del tercer sector. Esta propuesta fue concebida como base para la elaboración de una nueva norma inclusiva y con respaldo social, siempre supeditada al aumento de recursos presupuestarios.
Sin embargo, denuncian que desde entonces no se han convocado las reuniones acordadas, ni se ha dado voz a todas las federaciones, ni se ha presentado un borrador oficial del nuevo decreto. “Lejos de avanzar en una normativa consensuada, la Consejería ha optado por una vía unilateral, ignorando el trabajo previo y rompiendo la unidad de la comunidad educativa”, afirman.
Los diputados acusan al Gobierno de Canarias de utilizar este proceso para imponer el modelo educativo del Partido Popular, caracterizado por el recurso a la privatización de servicios y el debilitamiento de la escuela pública. “Lo que intentan es presentar como consensuado un modelo que en realidad busca dividir y debilitar el tejido asociativo y educativo”, subrayan.
El Grupo Parlamentario Socialista advierte de que seguirá defendiendo una educación pública, inclusiva y bien financiada, construida desde el diálogo real con todas las partes implicadas. “Lo que está en juego no es una norma más, sino el futuro de cientos de alumnos y alumnas que necesitan una atención digna y equitativa, y no un modelo impuesto desde los despachos”.
