Carlos Cabrera (PP) carga contra el presupuesto insular de 2026: “Un presupuesto desnortado y con mucha imprevisión”
El consejero popular en el Cabildo de La Palma lamenta que el grupo de gobierno aprobara este jueves 5 de febrero de 2026 unas cuentas de 223 millones sin aceptar “ni una sola” de las 100 enmiendas del PP y advierte de problemas de ejecución, retrasos en pagos y falta de prioridades en vivienda, carreteras y acción social.
El Cabildo de La Palma aprobó en sesión plenaria este jueves 5 de febrero de 2026 el presupuesto insular para 2026, cifrado en 223 millones de euros. Sin embargo, para el Partido Popular el debate no estuvo tanto en “los números” como en los criterios con los que se reparten. Así lo defendió en Herrera en COPE La Palma el consejero popular Carlos Cabrera, que justificó el voto en contra de su grupo por considerar que las cuentas “no están preparadas para lo que acontece” y que dejan a la isla “apuntalada”, en lugar de impulsar su bienestar socioeconómico.
Cabrera sostuvo que el presupuesto, aun siendo “el que puede ser” en términos de ingresos previstos, “se desnorta” cuando llega el momento de asignar partidas. En ese punto situó el principal choque con el grupo de gobierno: prioridades. “No tienen criterios suficientes e interesantes como para impulsar… el bienestar de nuestros ciudadanos”, resumió.
100 enmiendas y “ni una sola aceptada”
El consejero detalló que el PP presentó 100 enmiendas por un montante global de unos 24–25 millones de euros, orientadas —según explicó— a reforzar áreas como vivienda, carreteras, residuos, acción social, educación y cultura. “De esas 100 no nos aceptaron ni una sola”, lamentó, reivindicando que algunas propuestas eran de “contenido económico importante” y otras de menor cuantía, pero “necesarias”, especialmente en materia social.
Entre los ejemplos que puso sobre la mesa, subrayó una fórmula para impulsar con alrededor de 2 millones la Residencia y Centro de Día de Los Llanos de Aridane, que, a su juicio, podría haberse puesto a funcionar “este año ya” si se hubiera incorporado al presupuesto. También insistió en la necesidad de un plan plurianual de carreteras, con una planificación “de cuatro años” y un marco inversor que cifró como referencia en 40 millones para ordenar prioridades y ejecutar con continuidad.
La ejecución de 2025, en el centro del choque político
En el Pleno —según relató— el grupo de gobierno defendió una “mayor ejecución de la historia”. Cabrera replicó que el foco no debe ponerse solo en el volumen total, sino en el porcentaje de gasto ejecutado. Comparó 2025 con 2022 (año en el que el PP formaba parte del gobierno insular) y afirmó que, aunque se hayan superado los 200 millones en cifras absolutas, el porcentaje global de gasto sería ahora “del 67%”, frente al “73%” de entonces.
Más allá del porcentaje, el dirigente popular elevó el tono al hablar de partidas sin ejecutar: aseguró que en 2025 se han quedado 115 millones sin ejecutar, de los cuales 95 millones corresponderían a inversiones. Y enumeró ámbitos donde, siempre según su análisis, se habría dejado de invertir: 16 millones en vivienda, 16 millones en infraestructuras para la dependencia, 11,5 millones en carreteras y 20 millones en el marco de fondos y obras vinculadas a programas como FEDECAN/PIED. “Eso es ahorro para el presidente; para nosotros es una falta de ejecución alarmante”, zanjó.
“Presupuesto social” y retrasos con el tercer sector
El consejero popular cuestionó el argumento recurrente del “presupuesto para las personas” y puso el acento en la tardanza en el abono de subvenciones al tercer sector, que situó en octubre. Según Cabrera, el retraso habría impedido ejecutar programas previstos tanto para 2025 como para 2026, al no llegar los fondos “cuando tenían que llegar”. También recordó el debate sobre si las ayudas debían tramitarse como nominativas o por concurrencia competitiva, y denunció que, pese a prometerse mayor agilidad, “este es el año que más tarde se ha pagado”.
En ese tramo del análisis introdujo uno de los momentos más tensos del Pleno: la idea de que hay entidades y proveedores que “prefieren no ser nombrados” por temor a consecuencias. Cabrera afirmó que esa sensación se traslada en conversaciones con colectivos y empresas: “Mira a ver qué se pueda hacer, pero a mí no me nombres”. Y describió escenarios de falta de liquidez y deudas con proveedores, citando casos de autónomos que habrían tenido que pedir préstamos o vender activos para afrontar impuestos mientras esperan pagos.
También mencionó a Sodepal como uno de los focos donde, según expuso, se repiten tensiones por falta de dotación suficiente y pagos demorados.
Informes de intervención y riesgo de recortes
Cabrera señaló además que existía un informe desfavorable de Intervención al presupuesto, así como observaciones en organismos autónomos. Explicó que, aunque no son informes suspensivos ni vinculantes, “avisan” de riesgos similares a los advertidos con anterioridad: desequilibrio, tensiones de liquidez y necesidad de correcciones.
En ese contexto vinculó la situación al Plan Económico Financiero del Cabildo: advirtió de que, si se incumple, el órgano de tutela (Gobierno de Canarias) “puede llamar la atención”, exigir recortes e incluso abrir la puerta a sanciones, insistiendo en que su posición no busca “que sancionen” sino “que se cumpla la ley” y que los presupuestos se ejecuten “correctamente”.
Geotermia: “La responsabilidad es del Cabildo”
Otro punto destacado fue la geotermia. Cabrera defendió que existen 24,5 millones logrados para esta línea y criticó que, ante la necesidad de 1,6 millones para trabajos esenciales, el gobierno insular se limite a “mandar un papel” a otra administración y, si no llega la transferencia, dar el asunto por bloqueado. “La responsabilidad es el Cabildo”, insistió, reclamando priorizar gasto propio para lo urgente y dejar para más adelante lo que “puede esperar”.
Fuente Santa y el Supremo
En la parte final de la entrevista, Cabrera se refirió a la controversia judicial sobre Fuente Santa y el proyecto del balneario. Afirmó que Costas —como organismo estatal— “no se conforma” con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que el asunto ha escalado al Tribunal Supremo, generando “incertidumbres innecesarias” y, a su juicio, evidenciando un “desconocimiento” de la realidad insular.
Con todo, el consejero popular cerró su valoración con una idea central: para el PP, las cuentas de 2026 “serán más de lo mismo” si no se corrige la falta de prioridades y la ejecución vuelve a quedarse por detrás de lo previsto, especialmente en vivienda, dependencia, carreteras, residuos y proyectos estratégicos.
