El consejero del Partido Popular en el Cabildo de La Palma analiza en Herrera en COPE La Palma la sesión plenaria del pasado viernes, que se prolongó durante nueve horas, y carga contra la gestión del grupo de gobierno en materia económica, hidráulica y de recuperación tras la erupción

El consejero del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera Matos, ha realizado en Herrera en COPE La Palma un duro análisis de varios de los asuntos abordados en la larga sesión plenaria celebrada el pasado viernes, un pleno que calificó de “histórico” por su duración, al extenderse desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde.

Cabrera sostuvo que no recuerda una sesión de estas características en la institución insular y defendió la necesidad de “acotar tiempos y asuntos” para centrar el debate en cuestiones de verdadero interés para la isla. En este sentido, criticó que en ocasiones se lleven al pleno temas que, a su juicio, no se debaten en el foro adecuado, al tiempo que reclamó intervenciones menos repetitivas para evitar dilaciones innecesarias.

Durante la entrevista, el consejero popular repasó algunas de las iniciativas defendidas por su grupo en la sesión, entre ellas una moción sobre el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y otra relativa a ayudas para vecinos de la zona de Puerto Naos. Sobre Mercosur, explicó que el PP no comparte planteamientos encaminados a paralizar completamente el acuerdo y defendió que, una vez superada esa fase, el objetivo debe centrarse en reforzar las cláusulas de salvaguarda para proteger al sector primario palmero ante una entrada en vigor que considera ya inevitable.

Uno de los momentos más delicados de la conversación llegó al abordar las manifestaciones realizadas en el pleno sobre supuestas presiones a empresas proveedoras del Cabildo. Cabrera aseguró que su grupo ha recibido llamadas, mensajes y testimonios de autónomos y empresas preocupadas por su situación económica debido al retraso en el cobro de facturas y por presuntas advertencias o coacciones para que no hagan pública esa situación.

Aunque evitó identificar a personas concretas y afirmó que no cuenta con autorización para mostrar al presidente del Cabildo los mensajes recibidos, subrayó que lo importante es que “esto no vuelva a ocurrir”. También dejó claro que, si las situaciones denunciadas continúan, el Partido Popular actuaría con mayor contundencia e incluso podría solicitar permiso a los afectados para denunciar formalmente los hechos.

En este contexto, Cabrera quiso matizar que no considera que se trate de una práctica generalizada en todo el grupo de gobierno, pero sí insistió en que resulta inadmisible que desde una administración pública se pueda trasladar miedo a quienes reclaman pagos pendientes o expresan públicamente sus críticas. A su juicio, la prioridad debe ser proteger a los ciudadanos y garantizar que nadie sufra consecuencias negativas por denunciar una situación que considera injusta.

El consejero popular puso el foco de forma especial en la morosidad del Cabildo con proveedores. Según explicó, se están registrando retrasos medios de hasta 140 días en el abono de facturas, muy por encima de los plazos que marca la ley. Señaló que durante todo 2024 se incumplieron sistemáticamente los tiempos legales de pago y advirtió de que no se trata de un problema puntual, sino de una situación “estructural” que afecta también a organismos dependientes de la corporación insular.

Para Cabrera, esta demora en los pagos es incompatible con la imagen de “administración modélica” que debe ofrecer el Cabildo de La Palma. En su opinión, antes de asumir otras tareas, la institución debe priorizar el cumplimiento de sus obligaciones con empresas y autónomos que han prestado servicios y que dependen de ese dinero para mantener su actividad.

Otro de los bloques centrales de la entrevista fue la reconstrucción agrícola en las zonas afectadas por la erupción volcánica. Cabrera consideró que el proceso no avanza al ritmo que debería, cuatro años después del volcán, y aludió a la cifra de 224 millones de euros como cantidad necesaria para caminos, redes de agua y recuperación de explotaciones agrícolas y ganaderas.

El consejero popular sostuvo que la competencia para impulsar esa recuperación corresponde al Gobierno de Canarias, apoyándose en la Ley de Volcanes aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico. En concreto, señaló que el artículo 11 atribuye al Ejecutivo regional la responsabilidad de implementar las ayudas necesarias para la vuelta a la actividad en cultivos y ganadería en las zonas afectadas. Por ello, criticó que se siga mirando hacia Madrid en busca de financiación sin que, a su juicio, se asuma plenamente la competencia ya establecida por ley.

Cabrera alertó además del riesgo de que la lentitud en la reconstrucción termine expulsando del sector a pequeños propietarios y agricultores que no pueden esperar indefinidamente ni afrontar por sí solos los costes derivados de la recuperación de sus fincas. A su entender, esa situación favorece que quienes tienen menos recursos terminen vendiendo, lo que podría provocar una concentración de la propiedad y una pérdida del tejido agrícola tradicional de la isla.

En materia de agua, el dirigente del PP fue especialmente crítico con la actuación del Consejo Insular de Aguas. Afirmó que, pese a los anuncios realizados, no se ha incorporado “ni una sola pipa de agua nueva” al sistema por iniciativa propia del actual gobierno. Reconoció que las lluvias recientes han aliviado la situación y han permitido mejorar el almacenamiento en la laguna de Barlovento, pero recalcó que esa mejoría no puede ocultar la falta de actuaciones estructurales.

También cuestionó la retirada de 15 millones de euros del Consejo Insular de Aguas y lamentó que continúen pendientes actuaciones esenciales para reducir pérdidas en conducciones y redes de abastecimiento. En la misma línea, volvió a referirse al proyecto de telemetría, cuya tramitación arrancó en la etapa anterior, y lamentó que siga sin culminarse. Respecto al futuro entubado del canal, sostuvo que será imposible abordar una actuación de la magnitud necesaria sin una apuesta presupuestaria decidida.

En conjunto, Carlos Cabrera dibujó un panorama de fuerte crítica a la gestión del grupo de gobierno del Cabildo de La Palma, al que reprocha tanto los retrasos en pagos y la falta de respuestas ante las denuncias de proveedores como la lentitud en asuntos estratégicos como la reconstrucción agrícola o la planificación hidráulica. Frente a ello, reivindicó una gestión más ágil, más centrada en los problemas reales de la isla y más respetuosa con los ciudadanos y empresas que dependen de la administración insular.