Vecinos de El Paraíso, Corazoncillo y Montaña Rajada protestan en Tacande: “Ultrajados, engañados y abandonados” cuatro años después del volcán
Unas 150 personas procedentes de los núcleos de El Paraíso, Corazoncillo y Montaña Rajada, desaparecidos bajo las coladas de la erupción de 2021, se concentraron en Tacande, frente al Tajogaite, para reclamar “soluciones” y “una respuesta clara y justa” de las administraciones. Denuncian que no fueron avisados del riesgo de erupción y que, “cuatro años después de apagado el volcán”, siguen “sin soluciones”, sintiéndose “ultrajados, engañados y abandonados”.
El portavoz de la asociación Tierra Bonita, Francisco Pulido, explicó en Herrera en COPE La Palma que el conflicto se agrava por la incertidumbre que pesa sobre la llamada zona roja y por la tramitación de un expediente para declarar espacio natural protegido parte del ámbito afectado, un escenario que, a juicio de los vecinos, dejaría sus propiedades en una situación de pérdida definitiva de uso. De ahí su exigencia central: “compensaciones justas” por un patrimonio que, “previsiblemente”, no podrán recuperar.
“El marco participativo existe… pero no se convoca”
Pulido subrayó que la Ley de Reconstrucción de 2024 contempla instrumentos de participación como el Consejo Sectorial, pero aseguró que “nunca ha sido convocado”. Según trasladó, la protesta nace también de esa falta de información “de frente”, especialmente para quienes vivían en los núcleos ahora sepultados: familias que, recordó, “salieron en estampidas” durante la crisis de 2021 y que hoy siguen preguntándose por qué tuvieron que huir “corriendo” en aquellas circunstancias.
En ese sentido, reclamó claridad y calendario: sentarse con los afectados y explicar “por dónde va” la planificación, en lugar de reuniones —dijo— que se quedan en mensajes genéricos del tipo “estamos estudiando”.
Protección del territorio y “contradicciones” en el uso de fincas privadas
Los manifestantes temen que la declaración de espacio protegido cierre definitivamente cualquier expectativa sobre sus parcelas. Pulido apuntó que ya existiría un catálogo geomorfológico y una protección “cautelar” prevista para el entorno, pero criticó que no se haya explicado a los vecinos qué se pretende proteger y de qué manera.
Además, puso sobre la mesa una de las quejas más repetidas por los afectados: la sensación de agravio al ver usos turísticos y de acceso en terrenos que siguen siendo propiedad privada, mientras ellos continúan sin una solución completa. Citó, como ejemplo, itinerarios vinculados al cono y visitas al entorno, y lo contrapuso a la falta de respuestas sobre sus derechos patrimoniales.
Vivienda pagada “en parte”, fincas en el aire
Pulido reconoció que muchas familias han recibido compensaciones por la pérdida de la vivienda, pero advirtió de dos problemas: que no siempre han sido totales y que aún habría casos pendientes incluso de primera vivienda. Y, sobre todo, insistió en lo que queda fuera: el impacto patrimonial sobre fincas y suelos, que —según defendió— también deben tener una respuesta económica si la protección ambiental impide recuperar el uso.
Entre las demandas, situó una pregunta clave: si la protección conllevará compensación total por la pérdida patrimonial, si habrá algún mecanismo específico asociado a la declaración de espacio protegido o si se permitirá, como contempla la norma, la posibilidad de reconstrucción en determinados supuestos (por ejemplo, vinculados a la distancia o el espesor de colada), “para quien quiera”.
La LP-2, una pieza decisiva para despejar el futuro de la zona roja
Otro de los puntos que Pulido consideró determinantes es el horizonte de recuperación de la carretera LP-2, al entender que condiciona la ordenación posterior del territorio. Recordó que el trazado atraviesa el ámbito de la zona roja y que se han manejado opciones técnicas, incluso la posibilidad de un túnel. Para los vecinos —señaló—, la LP-2 era una vía “clave” para la conectividad de esa franja del valle, y su indefinición prolonga la incertidumbre.
Quién tramita el expediente y por qué los vecinos piden “luz”
El expediente para la declaración del espacio natural protegido se tramita en el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica, dirigida por Mariano Hernández Zapata (presidente del Cabildo durante la erupción), y desde la Dirección General de Espacios Protegidos y Biodiversidad, encabezada por Miguel Ángel Morcuende, quien fue director técnico del PEVOLCA durante la crisis volcánica de 2021.
En paralelo, Pulido recordó que Tierra Bonita mantiene abierta la vía jurídica: habló de contenciosos contra decretos de exclusión y de la reclamación para revisar decisiones como el semáforo amarillo y la delimitación de áreas restringidas. También afirmó que esperan avances judiciales para acceder a actas y grabaciones relacionadas con la gestión de la emergencia, documentación que —dijo— podría aportar “mucha luz” sobre lo ocurrido en aquellos días.
Puerto Naos: “El escenario es prácticamente el mismo”
En la parte final de la entrevista, Pulido se refirió a Puerto Naos y a las emisiones de CO₂. Explicó que ha trabajado con datos de mediciones —incluidas series oficiales— y que la tendencia de los últimos años apenas habría variado, por lo que sostuvo que se perdió tiempo y se gestionó desde una lógica de “miedo”, cuando, con mitigaciones, podría haberse afrontado antes la vuelta a la normalidad.
“Transparencia, equidad y justicia”
Con la protesta de Tacande como telón de fondo, Pulido resumió el sentir de quienes viven con más incertidumbre: los vecinos de los núcleos sepultados que, cuatro años después, siguen sin respuestas concluyentes sobre qué se protegerá, qué se permitirá y cómo se compensará. Su exigencia —compartida por los manifestantes— se condensó en tres palabras: transparencia, equidad y justicia.
