El portavoz socialista reclama rapidez ante las obras de la Quinta Verde, cuestiona los retrasos en el pago de facturas y pide diálogo institucional para desbloquear el Centro Nacional de Vulcanología

El portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma, Borja Perdomo, ha mostrado su preocupación por la gestión del actual Gobierno insular en asuntos como las obras desarrolladas en el entorno de la Quinta Verde, el retraso en el pago de facturas a proveedores, las pérdidas de agua en las redes municipales y la implantación del Centro Nacional de Vulcanología.

Durante una entrevista en Herrera en COPE La Palma, Perdomo reconoció su malestar con las respuestas ofrecidas por el grupo de gobierno en el último pleno de la Corporación. El consejero socialista considera que existe una tendencia a responsabilizar a otras administraciones de los problemas del Cabildo, en lugar de asumir posibles errores de planificación y gestión.

Reclama rapidez ante las obras de la Quinta Verde

Uno de los asuntos abordados fue la apertura de una pista de tierra en el entorno de la Quinta Verde, en Santa Cruz de La Palma, un espacio protegido como Bien de Interés Cultural.

Perdomo explicó que el Grupo Socialista había solicitado, antes de la celebración del pleno, una inspección por parte de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico para determinar si la actuación debía ser paralizada. Según señaló, la consejera responsable le informó de que un técnico había visitado la zona, aunque todavía no se había emitido el correspondiente informe.

El portavoz socialista reclamó que el expediente se tramite con la “máxima celeridad”, al advertir de que, en caso de haberse producido una afección patrimonial, el daño podría terminar siendo irreparable.

“Si vamos a estar tres meses para decidir qué se hace, al final el daño, si existe, será irreparable”, afirmó Perdomo, quien señaló que las imágenes conocidas generan dudas sobre la posibilidad de devolver el terreno a su estado anterior.

También criticó la reacción de las administraciones implicadas y recordó que la Comisión de Patrimonio puede actuar de oficio cuando tiene conocimiento de una posible afección a un bien protegido. Como ejemplo, citó la paralización cautelar decretada en su etapa como alcalde de Mazo ante una denuncia relacionada con las obras de Las Calzadas.

A su juicio, ante una posible afección patrimonial, lo adecuado es detener temporalmente los trabajos, inspeccionar la zona y determinar mediante un informe si la actuación es compatible con la protección existente.

Críticas por las facturas pendientes y la gestión presupuestaria

Perdomo también censuró que el Gobierno insular atribuya al retraso de las transferencias del Estado la imposibilidad de abonar determinadas facturas a proveedores.

El consejero socialista aseguró que algunas empresas y profesionales llevan más de un año esperando por el pago de servicios o certificaciones de obra y rechazó que esta situación pueda justificarse por la falta de ingresos procedentes de la adenda del convenio de carreteras.

“Una cosa no tiene que ver con la otra. No se puede decir a un proveedor que no se le paga porque el Gobierno de España no ha ingresado unos fondos determinados”, manifestó.

Perdomo recordó que el Cabildo cerró ejercicios anteriores con importantes remanentes económicos, por lo que considera que el problema no es la ausencia de recursos, sino la falta de planificación presupuestaria.

En este sentido, puso como ejemplo la organización de actos o festivales cuyo coste real supera ampliamente las cantidades consignadas inicialmente en las cuentas insulares. “Si sabemos que una actividad cuesta dos millones de euros, no se pueden presupuestar 500.000”, señaló.

El portavoz socialista sostuvo que el Gobierno insular asume como propios los resultados positivos, mientras responsabiliza de los problemas al anterior mandato, al Gobierno de Canarias o al Ejecutivo estatal.

Perdomo cuestiona los estudios sobre las pérdidas de agua

Otro de los principales bloques de la entrevista estuvo centrado en las pérdidas de agua de las redes municipales y en la moción presentada por el PSOE para impulsar un plan insular de inversiones.

Perdomo criticó que, después de contratar estudios externos por un importe aproximado de 155.000 euros, el Cabildo continúe hablando de borradores y resultados prematuros que deben ser revisados por técnicos del Consejo Insular de Aguas.

“El estudio tiene que llegar diciendo cuáles son las pérdidas en cada municipio. No puede ser que después de gastar ese dinero tenga que sentarse un técnico a interpretar dos informes distintos”, afirmó.

Según el portavoz socialista, existen municipios en los que las pérdidas pueden alcanzar entre el 60% y el 70% del agua introducida en las redes. Por ello, considera imprescindible establecer prioridades y comenzar las actuaciones en las localidades con mayores deficiencias.

La propuesta del PSOE planteaba presentar los estudios ante el Consejo Insular de Aguas, mantener reuniones con los ayuntamientos y elaborar un plan plurianual de inversiones. Perdomo lamentó que la iniciativa fuera rechazada por el grupo de gobierno y mostró sus dudas de que se adopten medidas antes de que termine el actual mandato.

El consejero socialista recordó que alrededor del 70% del agua pública se destina al abastecimiento urbano y advirtió de que no tiene sentido incorporar nuevos recursos al sistema si las redes continúan perdiendo una parte importante del caudal.

Dudas sobre la desaladora y los terrenos elegidos

Perdomo también se refirió al proyecto de instalación de una desaladora, una infraestructura que, según señaló, ha pasado por distintas ubicaciones previstas en Tazacorte, Fuencaliente y Breña Baja.

El portavoz aclaró que el PSOE no se opone a la desalación como alternativa para incrementar los recursos hídricos, pero sí cuestiona la planificación seguida y la ausencia de explicaciones claras sobre la ubicación definitiva.

Asimismo, afirmó que solicitó una nota simple del Registro de la Propiedad y que, a fecha de 26 de junio, los terrenos vinculados a la actuación figuraban como propiedad privada. Perdomo consideró necesario aclarar esta circunstancia, especialmente al tratarse de una obra tramitada mediante la vía de emergencia.

El socialista defendió que la implantación de una desaladora debe responder a un estudio de necesidades, localizarse donde exista una mayor demanda y acompañarse de medidas para reducir las pérdidas de las redes.

También preguntó por la situación del pozo de Discagua, una instalación pública que, según indicó, lleva más de un año paralizada y podría aportar recursos a la comarca noroeste.

Pide diálogo para desbloquear el Centro Nacional de Vulcanología

Respecto al Centro Nacional de Vulcanología, Borja Perdomo aseguró que los fondos estatales continúan disponibles y que su transferencia depende de la firma del convenio entre el Gobierno de Canarias y el Estado.

El portavoz socialista pidió a ambas administraciones que se sienten a negociar los puntos pendientes y criticó que se utilicen los medios de comunicación para intercambiar acusaciones en lugar de buscar una solución.

“Si hay dos o tres cuestiones en las que no se está de acuerdo, lo más sencillo es solicitar una reunión, sentarse y resolverlas”, indicó.

Perdomo reconoció que la candidatura conjunta con Tenerife ha generado dudas y reprochó al presidente del Cabildo de La Palma que aceptara abandonar la aspiración inicial de una sede exclusivamente palmera.

A su juicio, el Gobierno de Canarias y el Cabildo debieron ejercer una mayor presión política para defender que el centro se instalara íntegramente en La Palma, tal y como se había acordado por unanimidad durante el mandato anterior.

El portavoz socialista admitió que las condiciones fijadas posteriormente favorecían en algunos apartados a Tenerife, pero considera que La Palma también contaba con elementos sólidos, como haber sufrido la erupción volcánica más reciente de Canarias.

Perdomo concluyó que la prioridad debe ser garantizar que el proyecto avance, que La Palma tenga un papel central y que las administraciones abandonen la confrontación pública para alcanzar un acuerdo definitivo.