Narvay Quintero anuncia una solución jurídica para evitar que 1.296 agricultores de La Palma devuelvan las ayudas por pérdida de renta
El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias confirma que solo se reclamarán “errores de bulto” y que se compensará también al resto de productores palmeros afectados por el volcán que no recibieron anticipos
El consejero de Agricultura, Ganadería y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha confirmado en una entrevista en COPE La Palma que el Ejecutivo autonómico ha encontrado una solución jurídica “justa” para evitar que 1.296 agricultores de La Palma tengan que devolver las ayudas por pérdida de renta correspondientes a las campañas 2021-2022, tras la erupción volcánica.
Quintero recordó que la gestión de esas ayudas “no se hizo de la mejor manera posible” por parte del anterior Gobierno, al aplicar un reglamento europeo de pérdida de renta “generalista” que no tenía en cuenta las particularidades de una catástrofe como el volcán ni la realidad concreta de los agricultores palmeros. “Se hizo de manera prematura, sin esperar a terminar la campaña, y de forma errónea”, señaló.
Aun así, subrayó que el actual Ejecutivo tenía la obligación de asumir el problema y buscar soluciones, y no optar por el camino más fácil: “Es muy sencillo decir: ‘se pagó de más, ahora que devuelvan’, pero ¿cómo le dices a un pequeño agricultor, que lo ha perdido todo, que tiene que devolver dinero por un error administrativo? Eso, además de injusto, sería inasumible socialmente”.
Un argumento clave: el agravio comparativo por la subida del precio del plátano
El consejero explicó que la base de la solución jurídica está en un dato objetivo:
en el año de la erupción el precio del plátano subió un 43% respecto al año anterior, impulsado, entre otros factores, por la solidaridad con La Palma en la Península.
“Un productor en Tenerife o Gran Canaria ganó un 43% más, pero el agricultor de La Palma, afectado por el volcán, que no pudo vender su fruta o la tuvo dañada por la ceniza, no pudo beneficiarse de esa subida. Ahí hay un agravio comparativo evidente que el reglamento no contempló”, explicó Quintero.
A partir de esa realidad, y del hecho de que el reglamento aplicado no era el más adecuado para las circunstancias del volcán, el Gobierno de Canarias ha defendido que no se puede tratar como un exceso de ayuda lo que en la práctica fue una compensación insuficiente para muchos agricultores.
No habrá juicio masivo por “lesividad” contra los agricultores
Quintero desveló que el anterior Ejecutivo autonómico tenía previsto ir por la vía de la lesividad, lo que habría supuesto litigar contra casi 1.300 agricultores para reclamar la devolución de las ayudas.
“Se pretendía ir a juicio por lesividad contra personas que no eligieron el reglamento, no hicieron los cálculos ni solicitaron la ayuda en esos términos. Fue la Administración la que escogió mal el instrumento. No tenía sentido cargar sobre los agricultores un error que no es suyo”, afirmó.
Con el trabajo técnico y jurídico realizado en la Consejería, se ha descartado esa vía y se han presentado en el Parlamento de Canarias enmiendas para corregir la situación, de forma que:
- Los 1.296 agricultores afectados no tengan que devolver las ayudas, salvo casos muy concretos de errores de bulto (por ejemplo, productores que cobraron ayudas por fincas en Tenerife cuando la ayuda estaba destinada a la pérdida de renta en La Palma).
- Se reconozca el efecto real de la subida del precio del plátano y la desigualdad sufrida por los agricultores palmeros que no pudieron comercializar su producción.
“Algunos casos muy puntuales sí tendrán que devolver, porque objetivamente no cumplían las condiciones, pero serán muy pocos. La gran mayoría no tendrá que devolver nada”, insistió Quintero.
Se compensará también a otros agricultores palmeros no incluidos en el primer listado
El consejero anunció además que la solución no se limita a esos 1.296 expedientes. Las enmiendas contemplan también a otros productores de la isla:
“No solo se corrige la situación de esos 1.296 agricultores, sino que también se revisará y compensará al resto de agricultores de La Palma que sufrieron pérdidas de producción ese año y que no pudieron comercializar una parte de su cosecha, aunque fuese un 10%, un 15% o más, y que en su momento no recibieron anticipo alguno”, explicó.
De esta manera, el Gobierno de Canarias pretende corregir una injusticia de origen y ampliar el alcance de las compensaciones a todos aquellos que realmente vieron mermada su renta por la erupción, más allá de los errores administrativos cometidos.
Críticas al Estado por la falta de fondos para pérdida de renta
Durante la entrevista, Quintero fue muy contundente al recordar que, desde julio de 2023, el Estado no ha aportado ni un euro para las ayudas por pérdida de renta en La Palma, a pesar de que se trataba de un compromiso explícito del Gobierno de España.
“La última pérdida de renta se pagó con fondos propios de la Comunidad Autónoma, con fondos de reconstrucción de La Palma. El Estado no ha vuelto a transferir nada. Solo puso dinero cuando el Gobierno de Canarias era del mismo color político”, denunció.
El consejero lamentó que, mientras se sucedían visitas y fotos oficiales durante y después de la erupción, muchas promesas siguen sin cumplirse, y una de ellas es precisamente el apoyo sostenido a la pérdida de renta de los agricultores.
Defensa del POSEI y frente común de Canarias ante Bruselas
En la entrevista, Quintero también se refirió a la incertidumbre sobre el futuro del POSEI, el principal programa de apoyo al sector agrario en las regiones ultraperiféricas.
El consejero destacó que esta semana se ha producido un importante ejercicio de unidad en Canarias:
- Los siete cabildos insulares,
- El Gobierno de Canarias,
- Los siete grupos del Parlamento autonómico (a través de una PNL aprobada por unanimidad),
- Y la FECAM (Federación Canaria de Municipios),
han manifestado de forma conjunta su rechazo al nuevo marco financiero que se está debatiendo en la Unión Europea.
“Lo esencial es que el POSEI siga anclado en la Comisión Europea, con una ficha financiera fija y actualizada, y no quede supeditado a la voluntad de cada Gobierno de España de turno. Si se rompe eso, el sector primario de Canarias se resentirá gravemente”, advirtió.
Quintero recordó que el Estado ya mantiene deudas importantes con el llamado POSEI adicional, cifradas en más de 23 millones de euros, y advirtió de los riesgos de que, en un futuro, la totalidad del programa quede en manos de la decisión anual del Gobierno español.
Al mismo tiempo, valoró positivamente que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya manifestado que comparte la posición de Canarias y apoya que el POSEI continúe como hasta ahora, bajo el paraguas directo de Bruselas.
“Era una situación injusta que había que revertir”
Quintero concluyó que el trabajo realizado durante meses por el equipo de la Consejería, junto al director general Juan Ramón Marín, ha tenido como objetivo corregir una situación claramente injusta:
“No podemos pedirle a la gente que lo ha perdido todo que devuelva ayudas por un error que no es suyo. Había que buscar una solución jurídica, y la hemos encontrado. Ahora esperamos que el Parlamento de Canarias apruebe estas enmiendas y podamos cerrar este capítulo con justicia para los agricultores de La Palma”.
El consejero reiteró que el compromiso del Gobierno de Canarias es seguir defendiendo al sector agrario palmero tanto en el ámbito interno —corrigiendo errores y aportando fondos propios— como ante el Estado y la Unión Europea, “para que las promesas que se hicieron a La Palma se traduzcan, de verdad, en hechos y en recursos”.
