Juan Miguel Rodríguez Acosta, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, reclama más ayudas a la pérdida de viviendas y suelos.

Juan Miguel Rodríguez Acosta reclama más esfuerzo por parte de las distintas administraciones ante las consecuencias catastróficas que dejó la erupción volcánica de Cumbre Vieja: 12.188.679,23 m2 de territorio sepultado, 1.676 inmuebles destruidos y más de 700 familias perdieron su única vivienda.

Dos días después del terremoto de Lorca, el Gobierno publicó el Real Decreto Ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptaron medidas urgentes para la reparación de daños. Sin embargo, en el caso de La Palma, con la devastación producida por la erupción del Volcán de Cumbre Vieja se aplica el Real Decreto 307/2005, de aplicación en catástrofes, lo que consideramos un agravio comparativo.

Mientras en el Real Decreto Ley 6/2011, de 13 de mayo, se aplican ayudas de hasta un 80% del precio de venta de una VPO en régimen especial —90.290,16€— ubicada en la misma localidad, las ayudas por este concepto en el Real Decreto 307/2005 se establecen en 15.120€, diferencia cuanto menos notable.

Por otra parte, las medidas adoptadas por el Estado en Lorca tardaron dos días en llegar, en La Palma transcurrieron 18 días, momento en que se aprueba el Real Decreto-Ley, de 5 de octubre, que no reconoce, como en Lorca, la no aplicación del Real Decreto 307/2005. Es cierto que sí se vincula a los afectados por la erupción volcánica, y la única modificación efectuada es un aumento de la ayuda a la pérdida de vivienda que pasa de los 15.120€ hasta los 30.240€, que consideramos a todas luces insuficiente, razón por la que solicitamos que se reconsideren las cuantías económicas de las ayudas, incrementada a posteriori hasta los 60.480€ con la aprobación del Real Decreto-Ley 28/2021, de 17 de diciembre.

Sin embargo, y considerando la difícil recuperación de los suelos sepultados bajo la lava y la dificultad de construir inmuebles sobre la misma, las ayudas a la pérdida de viviendas deberían aumentar hasta los 90.290€ como mínimo. ¿Supone mucho para un Estado una cuantía de 63.203.000 euros, sabiendo que la misma se reducirá a aquellas personas que tenían contratados seguros privados, que algunos no tendrán derecho a recibirla y a otros le reducirán las cuantías por los valores de reposición y no tener en cuenta en estos la perdida de suelo, no vaya a no ser que le apliquen el enriquecimiento injusto?

Con respecto al Gobierno de Canarias, se hace necesario tener en cuenta que la prometida ayuda de 30.000€ no ha de ser complementaria a la anterior, esta debe ser destinada al cuasi no aprovechamiento de los suelos dañados, ya que aquellos afectados a quienes se les han reducido un porcentaje de las ayudas del Estado, no podrán recibirla por parte de la Comunidad Autónoma. Es por ello que pedimos que la perciban aquellos afectados que hayan perdido su primera vivienda. Si, como vienen diciendo, se liberarán para esto de 9 a 11 millones de euros, nos están diciendo que más de la mitad de los afectados no la percibirán, por lo que pedimos ascienda a 21 millones de euros.

Así, consideramos que las ayudas han de quedar establecidas en 90.290€ por pérdida de vivienda por parte del Estado, 30.000€ por afectación de suelos del Gobierno de Canarias y 10.000€ por parte del Cabildo, lo que harían un total de 130.290€. Con estas cantidades podríamos estar ya hablando de un plan de viviendas.