El consejero del Partido Popular cuestiona la gestión económica del Gobierno insular, advierte sobre los retrasos en los pagos y critica la instalación de la desaladora en terrenos que todavía no son propiedad de la institución

El consejero del Partido Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, ha denunciado que la Corporación insular ha perdido, renunciado o tenido que devolver más de diez millones de euros procedentes de distintas subvenciones, al tiempo que mantiene pendientes de pago facturas correspondientes al año 2024.

Durante una entrevista en Herrera en COPE La Palma, Cabrera calificó de «delicada» la situación económica de la institución y acusó al actual grupo de gobierno de no gestionar adecuadamente los recursos que recibe de otras administraciones.

Según explicó, las cantidades perdidas o reintegradas afectan a proyectos vinculados con la transferencia de residuos, el turismo y las infraestructuras hidráulicas, además de fondos procedentes de la Federación Canaria de Islas, la FECAI.

«Piden más dinero, pero no son capaces de gestionar lo que les dan ni lo que tienen dentro de la casa», afirmó el representante popular, que también situó en más de cien millones de euros el volumen presupuestario que, según sus cálculos, no llegó a ejecutarse durante 2025.

Cabrera reprochó al Gobierno insular que responsabilice de sus dificultades a otras instituciones, en lugar de adoptar medidas para mejorar la gestión interna. A su juicio, desde el actual mandato se intenta atribuir cualquier problema al Gobierno central, a Europa, a los trabajadores públicos o a otras administraciones.

Facturas pendientes y dificultades para las empresas

Uno de los principales asuntos abordados durante la entrevista fue el retraso en el pago de facturas a empresas y proveedores. Cabrera aseguró que todavía existen obligaciones económicas correspondientes a 2024 y advirtió de que no se trata de cantidades menores, sino de facturas que pueden alcanzar varios miles de euros.

El consejero popular explicó que algunas empresas han acudido a los tribunales para reclamar el dinero y los correspondientes intereses de demora. Sin embargo, considera que muchas otras evitan iniciar acciones judiciales por temor a que esa decisión perjudique sus posibilidades de obtener nuevos contratos públicos.

«Hay empresas que piensan que, si reclaman, pueden perder este contrato y los siguientes», señaló Cabrera, quien animó a los afectados a denunciar estas situaciones y reclamar el pago de los servicios prestados.

El representante del PP reconoció que el Cabildo es uno de los principales contratantes de La Palma y que muchas empresas dependen, en mayor o menor medida, de los encargos de las administraciones públicas. Esto provoca, añadió, que algunos proveedores acepten los retrasos porque saben que finalmente cobrarán, aunque lo hagan mucho más tarde de lo previsto.

Cabrera apuntó además a Sodepal como una de las entidades públicas con mayor volumen de facturas pendientes y reclamó que se habiliten los fondos necesarios para afrontar esas obligaciones.

Para pagar facturas de ejercicios anteriores, explicó, la Corporación debe recurrir a reconocimientos extrajudiciales de crédito, utilizar partidas ya existentes o incorporar dinero del remanente. No obstante, defendió que la solución pasa por contratar de manera regular, transparente y conforme al presupuesto, de modo que los servicios se abonen dentro del mismo ejercicio económico.

La desaladora, instalada en terrenos privados

Durante la entrevista también se abordó la situación de los terrenos en los que el Cabildo está instalando la desaladora. Cabrera aseguró que la propia institución le ha reconocido que las parcelas todavía no son de titularidad pública.

El consejero explicó que tanto la depuradora como el punto limpio ya se encuentran en terrenos privados y recordó que, en anteriores mandatos, se inició un procedimiento para adquirirlos. Inicialmente se planteó una permuta relacionada con Transportes Insular La Palma, aunque posteriormente se optó por estudiar la compra directa de las parcelas.

Según Cabrera, ese procedimiento no ha concluido y, pese a ello, el Cabildo ha decidido colocar una nueva infraestructura pública en ese mismo espacio.

El representante popular considera especialmente grave que la tramitación de emergencia de la desaladora se justificara, entre otros argumentos, en que se trataba de suelo público, cuando posteriormente se ha comprobado que todavía pertenece a un propietario privado.

«Una de las cuestiones esenciales para ejecutar una obra es que el terreno sea de la administración», sostuvo Cabrera, quien reclamó que se regularice la titularidad de las parcelas.

Críticas al estado de la parada de guaguas de Santa Cruz de La Palma

El consejero del PP también cuestionó el mantenimiento de la actual parada central de guaguas de Santa Cruz de La Palma. Cabrera afirmó que el problema no se limita al estado de los baños, sino que afecta al acerado, las zonas de espera y distintos espacios que permanecen cerrados pese a que, según indicó, deberían estar abiertos al público conforme a las condiciones del contrato.

Recordó que esta instalación nació como una solución provisional hasta la construcción de un intercambiador definitivo. Sin embargo, lamentó que hayan pasado los años sin que se haya ejecutado el proyecto inicialmente previsto.

Cabrera considera que la entrada sur de Santa Cruz de La Palma continúa siendo la ubicación más razonable para construir una estación de guaguas y reclamó una infraestructura «digna» para la capital palmera.

El Auditorio Tomás Cabrera y las inauguraciones aplazadas

Otro de los asuntos analizados fue el retraso en la apertura del Auditorio Insular Tomás Cabrera, en Los Llanos de Aridane. Cabrera acusó al Gobierno insular de intentar inaugurar la infraestructura en fechas en las que sabía que la obra todavía no podía ser recibida.

El consejero señaló que el Consejo de Gobierno había aprobado una ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026, debido a los trabajos que aún quedaban pendientes y a la necesidad de resolver cuestiones relacionadas con el suministro eléctrico, el saneamiento y los contratos de mantenimiento y seguridad.

Por este motivo, considera que no era viable inaugurar el auditorio el 30 de mayo, coincidiendo con el Día de Canarias, ni tampoco en la fecha propuesta posteriormente.

Cabrera criticó el gasto generado por la preparación de estos actos, incluyendo desplazamientos, contrataciones y actuaciones musicales, y acusó al presidente del Cabildo de actuar por «capricho» pese a que la documentación técnica indicaba que la obra no estaba terminada.

El representante popular también rechazó que el actual Gobierno insular se atribuya en exclusiva la finalización del auditorio. Recordó que el proyecto, el contrato y el compromiso financiero plurianual, por unos once millones de euros, fueron aprobados durante el anterior mandato.

«El actual Gobierno ha continuado una obra que ya estaba contratada y que jurídicamente debía finalizar», concluyó Cabrera, quien defendió que las grandes infraestructuras públicas deben presentarse como resultado del trabajo de varias administraciones y mandatos, evitando la utilización partidista de las inauguraciones.