El director general de Costas reclama una reforma de la ley para proteger los núcleos costeros de La Palma y asegura que todos los expedientes presentados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma han sido contestados

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha advertido en una entrevista en Herrera en COPE La Palma de que las comunidades autónomas están dispuestas a acudir a los tribunales si el Gobierno de España aprueba la modificación del Reglamento de Costas en los términos planteados actualmente.

Acosta aseguró que el documento acumula unas 435 alegaciones y que el Ejecutivo central pretende aprobarlo antes de que finalice julio, pese al rechazo expresado por diez comunidades autónomas gobernadas por formaciones políticas diferentes. A su juicio, la propuesta limita considerablemente la capacidad de actuación de las autonomías y puede tener consecuencias especialmente negativas para los ayuntamientos costeros.

“Vamos simplemente a pedirles que paren el reglamento, que va a ser nefasto para los municipios, y que nos sentemos a negociar”, señaló. El director general explicó que existe una posición común entre seis comunidades gobernadas por el Partido Popular, dos por el PSOE, una por Coalición Canaria y otra por el PNV.

Acosta fue contundente al señalar que, si el Estado mantiene el texto sin atender las reivindicaciones autonómicas, “todas las comunidades autónomas” recurrirán la norma ante los tribunales.

Una reforma legal para proteger los núcleos costeros

Sobre la moción debatida en el pleno del Cabildo de La Palma para defender núcleos como Punta Larga y El Faro, Acosta consideró que la iniciativa parte de un planteamiento equivocado si pretende encontrar la solución exclusivamente en el reglamento.

“El reglamento no va a proteger a los núcleos de ninguna manera. Nos tenemos que ir a una modificación de la Ley de Costas”, afirmó. En su opinión, la normativa estatal, con más de cuatro décadas de vigencia, fue útil en sus inicios, pero actualmente presenta importantes carencias y no responde a las particularidades territoriales de Canarias.

El director general defendió que la iniciativa del Cabildo debería convertirse en una declaración institucional respaldada por todas las fuerzas políticas y que incluyera también a La Bombilla, además de Punta Larga y El Faro.

Acosta recordó que algunos de estos asentamientos cuentan con sentencias judiciales firmes, por lo que cualquier posibilidad de garantizar su continuidad debe recogerse expresamente en una reforma de la ley que permita, entre otras medidas, la desafectación de determinados terrenos del dominio público marítimo-terrestre.

“El litoral canario debe decidirse desde Canarias”

El responsable autonómico volvió a denunciar que el traspaso de las competencias de Costas a Canarias se produjo de forma incompleta. Según explicó, el Estado mantiene las demarcaciones de Costas en las islas, que continúan elaborando informes, realizando labores de vigilancia y tramitando procedimientos sancionadores.

“Tenemos una duplicidad administrativa que perjudica al ciudadano y genera una enorme cantidad de problemas”, manifestó Acosta, quien considera que muchas de las decisiones estatales parten de una visión que no tiene en cuenta las diferencias existentes entre islas, municipios e incluso entre las costas del norte y del sur de un mismo territorio.

Como ejemplo, señaló que el acceso al mar en Barlovento no puede analizarse de la misma manera que en una zona turística como Los Cristianos. “Todo eso hay que llevarlo a la realidad desde un punto de vista canario, porque desde Madrid no lo entienden”, sostuvo.

Acosta también criticó la escasa inversión estatal en el litoral del archipiélago. Según los datos expuestos durante la entrevista, el Estado habría recaudado más de 16 millones de euros en Canarias y destinado únicamente unos 500.000 euros a actuaciones durante el ejercicio anterior.

No obstante, destacó que en La Palma se han anunciado recientemente tres intervenciones: una actuación con áridos en la desembocadura del barranco de Las Angustias, la reparación del dique de Tazacorte y la solución al socavón de Puerto Naos. Acosta estimó que estas obras podrían representar una inversión próxima a los dos millones de euros, aunque expresó sus dudas sobre la capacidad del Estado para ejecutarlas dentro del año presupuestario.

Más coordinación con los ayuntamientos

El director general se refirió también al encuentro celebrado con representantes de los 77 municipios costeros de Canarias, una jornada a la que asistieron cerca de 200 personas.

Acosta explicó que la reunión sirvió para conocer directamente los problemas que encuentran los ayuntamientos a la hora de tramitar autorizaciones, concesiones y actuaciones en el litoral. El objetivo es establecer criterios técnicos y jurídicos comunes que permitan agilizar los expedientes y evitar interpretaciones excesivamente restrictivas de la normativa.

Entre las posibilidades que estudia el Gobierno de Canarias figura la cesión a los municipios de determinadas competencias administrativas dentro de la futura Ley Canaria de Costas. Además, Acosta anunció que se trabaja en la organización del primer Congreso de Costas de Canarias.

Responde al alcalde de Santa Cruz de La Palma

Durante la entrevista, Acosta rechazó las críticas del alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, quien había cuestionado la respuesta de Costas Canarias a los proyectos municipales.

“Todos los proyectos de Santa Cruz de La Palma están contestados”, aseguró. Según explicó, algunos expedientes han sido autorizados, otros denegados por incumplir las condiciones técnicas y en varios casos se ha requerido al Ayuntamiento que complete o corrija la documentación.

Acosta sostuvo que la Dirección General atiende al Ayuntamiento capitalino “como al resto de municipios” y confirmó que se trabaja en proyectos relacionados con accesos al mar, varaderos para embarcaciones de pequeño calado, zonas de fondeo y rampas.

También destacó el aumento de medios humanos de la Dirección General, que ha pasado de contar con 22 trabajadores para toda Canarias a aproximarse a los 50. El departamento tramita unos 4.000 expedientes anuales y firma alrededor de 700 resoluciones cada año.

Asimismo, recordó la incorporación de la declaración responsable, que permite autorizar pequeñas actuaciones, como el pintado o reparación de fachadas, en plazos que pueden situarse entre los quince días y un mes.

Quinta Verde y la Bajada de la Virgen

Fuera ya de sus responsabilidades directas en Costas, Antonio Acosta expresó una dura opinión personal sobre las obras ejecutadas en el entorno de la Quinta Verde, en Santa Cruz de La Palma.

“Me parece una agresión brutal a aquel Bien de Interés Cultural”, afirmó. Acosta calificó de “vergonzosa” la posible inacción de las administraciones y reclamó un mayor cuidado en las intervenciones que afectan al patrimonio histórico.

El director general también abordó, en su condición de miembro de la denominada sociedad portadora, el proyecto para lograr que la Bajada de la Virgen sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Acosta aseguró que existe un compromiso firme del Gobierno de Canarias y que ya se ha contratado a una persona para asumir la parte técnica del expediente. Pese a las diferencias surgidas con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, defendió que el proceso necesita la implicación conjunta de las instituciones, la Iglesia y las entidades sociales vinculadas a la fiesta.

“Si no estamos todos a una, esto no va a funcionar”, afirmó, aunque se mostró convencido de que el procedimiento avanza correctamente y de que, si se cumplen los plazos previstos, podría alcanzar resultados antes de la Bajada de la Virgen de 2030.