Valido exige al Estado que recupere la ayuda por cese de actividad para agricultores afectados por el volcán en La Palma

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado este martes al Gobierno estatal la recuperación de la prestación por cese de actividad para los agricultores de La Palma afectados por la erupción volcánica de 2021. Valido ha presentado una pregunta parlamentaria al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la que denuncia que esta ayuda fue retirada en cuanto los agricultores comenzaron a acondicionar sus fincas, pese a que aún no han recuperado la producción ni los ingresos.

“Es injusto e incomprensible que se retire esta ayuda tan pronto como se inicia la siembra, cuando las fincas todavía no generan beneficios”, ha señalado Valido. La diputada nacionalista insiste en que las labores de preparación del terreno no equivalen a una actividad económica efectiva, ya que la recuperación de la productividad agrícola es un proceso largo y complejo.

Valido pone el foco en los municipios más afectados —El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte—, donde muchas explotaciones siguen enterradas bajo la lava y el suelo aún no reúne las condiciones para el cultivo. “Solo se han podido llevar a cabo tareas de adecuación del terreno. La vuelta a la normalidad requerirá años, y mientras tanto, estos agricultores no perciben ingresos”, ha recalcado.

La diputada canaria también ha apelado al respaldo del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien recientemente avaló la solicitud de los afectados y pidió que las ayudas se restituyan con carácter retroactivo. En su informe, Gabilondo advierte de que los sucesivos decretos aprobados por el Gobierno han obviado una realidad esencial: que los agricultores necesitan tiempo para sembrar, esperar la cosecha y generar rendimiento económico. Por tanto, considera que durante ese período de transición deberían mantenerse las prestaciones.

Además, el Defensor del Pueblo recuerda que en otros territorios afectados por catástrofes, como en la Comunidad Valenciana tras la DANA, sí se han puesto en marcha medidas similares de apoyo. En este sentido, recomienda que un futuro decreto contemple una excepción específica para La Palma, permitiendo que el reinicio de la actividad agrícola no sea motivo de exclusión para acceder a la prestación, al menos hasta que se obtenga una nueva cosecha.

Valido concluye que la desprotección actual de los agricultores del Valle de Aridane es inaceptable: “Hasta el 75% del terreno sigue sepultado por la lava, y aun así se les niega una ayuda que es vital para que puedan volver a empezar”.

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