El presidente del Cabildo valora la llegada de los 100 millones y la bonificación del 60% del IRPF, pero critica que ambas medidas se hayan aprobado tarde y sin asegurar su continuidad en 2027

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mostrado en Herrera en COPE La Palma su decepción con el decreto aprobado para atender distintos compromisos relacionados con la recuperación de la isla. Aunque reconoce que contiene medidas positivas, sostiene que el Gobierno de España “vuelve a incumplir” con La Palma en dos asuntos fundamentales: la financiación de la reconstrucción y la bonificación del 60% del IRPF.

Rodríguez valoró favorablemente la prórroga de la moratoria de determinados préstamos, la corrección de algunos cálculos realizados por las mutuas y la llegada de recursos para responder a las necesidades de la población afectada. También destacó que la bonificación fiscal se haya aprobado dos meses antes que el pasado año. Sin embargo, cuestionó que su aplicación no quede garantizada hasta diciembre de 2027, tal y como, según recordó, figura en la Agenda Canaria.

El presidente insular advirtió de que la celebración de elecciones generales durante 2027 podría volver a retrasar o incluso impedir la aplicación de esta medida. “Si tenemos claro cuál es el instrumento para aprobar la bonificación del 60%, ¿por qué no se aprueba ya hasta el final?”, planteó.

“Yo me siento engañado”, afirmó Rodríguez, quien considera que la falta de una garantía plurianual genera incertidumbre entre los ciudadanos y las empresas de la isla.

Los 100 millones salen del superávit canario

Respecto a los 100 millones de euros destinados a La Palma, el presidente del Cabildo celebró que puedan servir para solucionar parte de los problemas del sector agrícola y de las personas afectadas por el volcán. No obstante, criticó que el dinero proceda nuevamente del superávit de la Comunidad Autónoma y no directamente de las arcas estatales.

Rodríguez señaló que esta fórmula reduce la capacidad del Gobierno de Canarias para atender otras necesidades de La Palma y del conjunto del archipiélago. De los 600 millones de superávit autorizados, 100 se destinarán a la recuperación palmera, mientras los 500 restantes deberán emplearse en servicios esenciales y demandas de las diferentes islas.

“Cada vez es más complicado que el resto de Canarias entienda la situación extraordinaria de La Palma cuando los recursos destinados a la reconstrucción terminan condicionando sus propias posibilidades”, explicó.

Según sus cálculos, Canarias acabará aportando alrededor de 400 millones de euros al proceso de recuperación, pese a haber comprometido inicialmente 200 millones, mientras que la aportación estatal quedaría muy por debajo de los 400 millones anunciados.

Reclama los segundos convenios de reconstrucción

Sergio Rodríguez también denunció que el Estado no ha abonado al Cabildo ni a los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte las cantidades correspondientes a los denominados segundos convenios o anexos de reconstrucción.

Entre las partidas pendientes citó los aproximadamente siete millones de euros adelantados por el Cabildo para alojar en establecimientos hoteleros a familias afectadas por la erupción, así como el coste de las expropiaciones necesarias para regularizar las nuevas infraestructuras viarias construidas durante la emergencia.

El presidente insular añadió que el Cabildo calcula en torno a 40 millones de euros la aportación estatal pendiente, incluyendo el 50% del coste de las desaladoras previstas para responder a los efectos del dióxido de carbono volcánico sobre determinados pozos del Valle de Aridane.

A estas cantidades se sumarían cerca de 40 millones reclamados por Los Llanos de Aridane, además de las necesidades de El Paso y Tazacorte. Rodríguez estima que el Estado todavía tendría que aportar alrededor de 90 millones adicionales mediante estos convenios y otras vías de financiación.

“El Gobierno se fue de La Palma hace mucho tiempo y cada vez cuesta más explicar la situación”, lamentó, al tiempo que reclamó que el Estado asuma al menos el 50% comprometido en las actuaciones vinculadas a la emergencia volcánica.

Defiende a las pequeñas empresas ante la aplicación del IRPF

Durante la entrevista también se abordaron las dificultades que puede ocasionar a las pequeñas y medianas empresas la aplicación inmediata de la bonificación del 60% del IRPF en las nóminas.

Rodríguez rechazó que se responsabilice a los empresarios si no pueden introducir la modificación desde el próximo mes. “La culpa la tiene el Estado por no haberlo aprobado antes”, aseguró.

El presidente explicó que muchas pequeñas empresas dependen de asesorías externas para modificar sus nóminas, lo que puede generar costes adicionales y una carga de trabajo inesperada. A su juicio, el Gobierno central debería tener en cuenta las consecuencias prácticas de aprobar una medida de estas características cuando el ejercicio está ya avanzado.

El Cabildo de La Palma intentará aplicar la bonificación en sus nóminas desde el próximo mes, mientras que las cantidades que no puedan incorporarse durante el año se regularizarán posteriormente en la declaración de la renta.

Rodríguez defendió que la reducción fiscal se refleje mensualmente en los ingresos de los trabajadores para favorecer el consumo y la circulación del dinero en la economía insular, pero insistió en que no se puede trasladar a los empresarios la responsabilidad por el retraso de la Administración del Estado.