El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma defiende que el modelo de compensación por el valor de lo perdido “funciona” y pide “voluntad política” para culminar el proceso

El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, defendió en una entrevista en Herrera en COPE La Palma que el modelo aplicado en la isla para compensar a los afectados por la erupción volcánica ha demostrado su eficacia, pero advirtió de que su desarrollo sigue condicionado por la llegada de los fondos comprometidos por el Estado.

Afonso recordó que el planteamiento impulsado desde el Gobierno de Canarias tenía como objetivo superar las ayudas ordinarias previstas en la Ley de Protección Civil, que, según explicó, resultaban insuficientes para que una persona que había perdido su vivienda, su finca o su medio de vida pudiera reconstruir su proyecto vital. En ese sentido, señaló que el modelo palmero ha permitido reconocer el valor real de lo perdido y compensar a miles de personas afectadas.

“Hoy tenemos la suerte de que hay más de 3.300 personas que han podido ser compensadas”, afirmó el viceconsejero, aunque precisó que todavía quedan ámbitos pendientes, como segundas viviendas, edificaciones agrarias, infraestructuras públicas, redes de riego y otros elementos de patrimonio colectivo.

Durante la entrevista, Afonso insistió en que el procedimiento administrativo ya está creado, que los expedientes se han tramitado y que el sistema ha demostrado capacidad para funcionar con agilidad cuando existen recursos disponibles. Como ejemplo, recordó que los 100 millones de euros procedentes del superávit del Gobierno de Canarias se ingresaron en la Viceconsejería a comienzos de diciembre y permitieron tramitar más de 1.300 expedientes en 19 días.

El viceconsejero explicó que el acuerdo político contemplaba una aportación estatal de 100 millones de euros anuales durante cuatro años, así como 50 millones anuales por parte del Gobierno de Canarias. Según Afonso, el Estado sí transfirió la anualidad de 2023, pero siguen pendientes las correspondientes a 2024, 2025 y 2026. “Todo eso es dinero que está en el presupuesto, no hay que buscarlo de ningún lado; solo hay que llevar un real decreto ley al Consejo de Ministros y hacer la transferencia”, sostuvo.

Afonso consideró que, si esos 300 millones pendientes ya estuvieran en La Palma, la recuperación avanzaría prácticamente al doble de velocidad. A su juicio, no se trata únicamente de reconstruir viviendas o fincas, sino de reforzar la economía insular tras años de debilidad estructural agravada por la erupción. “Cuando hablamos de recuperación económica y social no solo hablamos de reconstrucción; hablamos de crear un músculo potente para que La Palma pueda tirar hacia adelante por sí sola”, señaló.

El viceconsejero también defendió el papel del Gobierno de Canarias, del Cabildo y de los ayuntamientos en la puesta en marcha del modelo, y afirmó que la administración autonómica ha cumplido con sus compromisos económicos. En este sentido, subrayó que el Ejecutivo regional ha aportado sus anualidades y, además, destinó 100 millones extraordinarios del superávit autonómico a la recuperación de la isla.

Afonso lamentó que el debate político pueda ralentizar un modelo que, en su opinión, no pertenece a ningún partido, sino que responde a una demanda de la sociedad palmera. “Esto no va de medallas ni de colores políticos”, afirmó, antes de defender que la prioridad debe ser que las ayudas lleguen a quienes las necesitan.

El viceconsejero sostuvo que la experiencia de La Palma está siendo observada desde otros territorios afectados por catástrofes naturales, como la Comunidad Valenciana tras la DANA, y defendió que el modelo debería servir de base para una regulación estatal estable. En su opinión, España debería contar con una ley y con un fondo específico que permitieran responder de forma automática ante futuras emergencias, sin depender de la voluntad política de cada momento.

“Vivimos en un Estado de derecho, en Europa, en un Estado del bienestar; la administración tiene que estar preparada con normas para que esto no dependa del Consejo de Ministros que haya en cada momento”, argumentó.

Afonso concluyó apelando a la utilidad real de la política cuando es capaz de transformar la vida de las personas. Relató que ha visitado a familias que ya han podido reconstruir sus viviendas y que han pasado, dijo, de las lágrimas a una “mirada de esperanza”. Para el viceconsejero, ese debe ser el objetivo principal de la acción pública: que los afectados puedan recuperar su vida “como decidan ellos, no como decida la administración”.