Barreto acusa al Estado de “no cumplir” con La Palma y reclama fondos para desbloquear la reconstrucción agraria
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y secretaria general de Coalición Canaria en La Palma, Nieves Lady Barreto, ha acusado al Gobierno de España de no estar cumpliendo sus compromisos con la isla en materia de reconstrucción, bonificación fiscal y apoyo al sector agrario afectado por la erupción volcánica.
En una entrevista concedida a Miguel Ángel San Blas en Herrera en COPE La Palma, Barreto aseguró que ve “imposible” que la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en La Palma pueda aplicarse en nómina antes de que termine el año. Según explicó, ese fue el objetivo inicial defendido por Coalición Canaria, al entender que permitiría que el beneficio fiscal repercutiera mes a mes en la economía familiar y en el consumo de la isla.
La consejera sostuvo que el Ejecutivo central “nunca creyó” en esta medida y que, aunque se ha logrado mantener año tras año, se ha hecho vinculada a la declaración de la renta y no como una bonificación mensual. “No se hace porque no se quiere”, afirmó Barreto, quien insistió en que el Gobierno de España ha optado por retrasar la solución y llevarla al Congreso cuando, a su juicio, existen vías para resolverla con mayor agilidad.
Uno de los puntos más duros de la entrevista fue la deuda que, según Barreto, mantiene el Estado con La Palma. La responsable autonómica cifró en 300 millones de euros las cantidades pendientes vinculadas a los compromisos adquiridos para la reconstrucción. En ese sentido, defendió que la transferencia de los 100 millones anuales comprometidos no tendría que pasar por el Congreso, sino que bastaría con su aprobación en Consejo de Ministros y su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Barreto criticó que el Gobierno de Canarias haya tenido que asumir con fondos propios pagos que, según indicó, correspondían al Estado. Puso como ejemplo las ayudas para compensar el valor de lo perdido por los damnificados, la pérdida de renta de agricultores o las inversiones en vivienda pública. Según sus datos, el Ejecutivo autonómico ha destinado 78,5 millones de euros a vivienda pública en La Palma durante esta legislatura, mientras que del Estado solo habrían llegado seis millones para las viviendas de Tazacorte.
La consejera también respondió a las cifras defendidas por el Partido Socialista sobre la aportación estatal a la reconstrucción. Barreto cuestionó que se incluya dentro de ese balance el dinero del Consorcio de Seguros o las donaciones privadas, al entender que no pueden computarse como aportación directa del Gobierno de España. “Que nos digan dónde está el dinero”, reclamó, en referencia a las partidas pendientes para vivienda, empleo, agricultura y reconstrucción.
Sobre la situación política nacional, Barreto afirmó que España necesita “un gobierno que gobierne y gestione”, sea del signo que sea. Recordó que tanto el PSOE como el PP firmaron compromisos dentro de la Agenda Canaria, por lo que, en caso de cambio de Ejecutivo, Coalición Canaria exigirá igualmente el cumplimiento de lo pactado. La dirigente nacionalista lamentó que la falta de Presupuestos Generales del Estado y la dificultad de interlocución con Madrid estén afectando directamente a comunidades como Canarias.
La entrevista también abordó la Ley de Volcanes y el modelo de compensación por el valor real de lo perdido. Barreto defendió que Canarias ha creado un derecho que no existía en España y que permite a los afectados por una gran emergencia natural ser compensados más allá de las ayudas ordinarias de Protección Civil. A su juicio, este modelo no debería limitarse a La Palma ni al Archipiélago, sino extenderse al conjunto del Estado mediante un fondo estatal para grandes catástrofes.
En relación con las críticas del PSOE sobre la supuesta falta de transparencia en los pagos a los damnificados, Barreto rechazó tajantemente cualquier sospecha. Explicó que los expedientes pasan por numerosos filtros técnicos y administrativos, con intervención de distintos departamentos, servicios jurídicos, responsables de urbanismo, agricultura, Hacienda y Tesoro. Subrayó que no se trata de subvenciones al uso, sino de compensaciones sobre patrimonio privado, por lo que el Gobierno no puede publicar nombres, inmuebles, importes y datos personales sin cobertura legal.
La consejera aseguró que los diputados que han pedido información pueden consultar los expedientes completos en la Consejería, con acceso a la documentación, pero no llevarse copias íntegras con datos privados de todos los afectados. Barreto explicó que el Gobierno de Canarias ha acudido al contencioso para que sea un juez quien determine hasta dónde puede llegar la entrega de esa información sin vulnerar la normativa de protección de datos ni las leyes aprobadas para regular los pagos.
Otro de los grandes asuntos tratados fue la reconstrucción agraria. Barreto confirmó que su Consejería y la de Agricultura han asumido el documento elaborado por Acepalm, que cifra en 223 millones de euros las necesidades pendientes para recuperar pistas, carreteras, redes de riego, depósitos y otras infraestructuras del sector. La consejera reclamó una reunión con el ministro Ángel Víctor Torres para planificar la financiación y pidió que el compromiso se publique en el BOE, porque, según dijo, “un compromiso firmado sin publicar no sirve para nada”.
Barreto advirtió de que muchos agricultores ya han cobrado el valor de lo perdido y quieren volver a producir, pero no podrán hacerlo si no existen accesos, agua e infraestructuras. Señaló que, antes de los pagos, Acepalm había detectado que un 60% de los afectados quería reconstruir, y consideró que ese porcentaje podría aumentar ahora que las compensaciones son una realidad. Sin embargo, alertó de que el sector no puede esperar indefinidamente.
La consejera también se refirió a la moratoria hipotecaria para los afectados por el volcán, que vence el 30 de junio. Aunque confió en que el Gobierno de España la prorrogue, insistió en que debe mantenerse mientras las fincas y actividades económicas no estén generando ingresos. Comparó esta situación con las casas contenedor y las ayudas al alquiler, defendiendo que las administraciones deben dar un margen razonable a las personas para rehacer su vida, sin cortar de forma brusca los apoyos.
La entrevista comenzó con una referencia a la festividad del Corpus Christi en Mazo, municipio al que Barreto está especialmente vinculada. La consejera destacó el valor comunitario de los arcos y alfombras, una tradición que, según afirmó, se mantiene gracias al trabajo gratuito y colectivo de los vecinos. “Es una fiesta que es de la gente y seguirá siendo de la gente”, señaló.
