Antonio Acosta defiende la gestión de Costas Canarias y pide “seriedad” a los ayuntamientos: “Cuando no hay permiso, sanciona el Estado”
El director general de Costas del Gobierno de Canarias asegura en Herrera en COPE La Palma que la clave para agilizar expedientes está en las reuniones previas y en “cumplir la ley”, y anuncia que su departamento ya trabaja en una futura Ley de Costas Canarias para acercar autorizaciones a los municipios.
El director general de Costas del Gobierno de Canarias, el nacionalista Antonio Acosta, pasó por los micrófonos de Herrera en COPE La Palma, con Miguel Ángel San Blas al frente, en una entrevista marcada por tres asuntos de fondo: la transferencia de competencias, el modelo turístico de La Palma —con el litoral como pieza estratégica— y el choque institucional con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma a cuenta de expedientes, sanciones y plazos.
Acosta llegó a la conversación tras una “semana intensa” que culminó en La Palma, con parada previa en Fitur, donde defendió que la feria sirve para aprovechar la coincidencia de comunidades y operadores turísticos. En ese contexto, subrayó que el litoral es determinante para el principal motor económico del Archipiélago: “Un 80% del producto más importante económico que tenemos en Canarias, que es el turismo, está localizado en dominio y servidumbre marítimo”.
Transferencia de competencias: “Relaciones bilaterales”
Sobre la transferencia de competencias en materia de costas, el director general explicó que en febrero se perfila un encuentro de directores generales de comunidades costeras —tengan o no competencias transferidas— para “seguir avanzando” ante el Estado. Su objetivo, dijo, es que Madrid entienda que la relación “debe ser bilateral” y no “solo en una dirección y con exigencia”.
En el caso canario, aseguró que el Ejecutivo autonómico sigue “peleando” por una modificación del decreto de competencias para equipararse “a los últimos candados”, citando como referencia a País Vasco y Galicia.
Turismo y litoral: apoyo al “modelo combinado” de La Palma
Preguntado por el debate sobre el crecimiento turístico y la posibilidad de incrementar plazas alojativas, Acosta sostuvo que Costas Canarias no va a convertirse en un “cortarrollos” del modelo que elija la isla, “hasta donde nos dejen llegar con nuestras competencias”. En su análisis, La Palma —y en general las “islas verdes”— arrancaron un camino propio con la ley de islas verdes, que describió como un esquema “combinado” y adaptado a un territorio distinto de los destinos de alta presión turística.
El director general insistió en una idea: el debate regional sobre “presión turística” no puede ser uniforme porque no todas las islas viven la misma realidad. “Canarias es muy diferente”, dijo, y el presidente autonómico “representa a toda Canarias”, con presiones “concentradas en algunos puntos” y otras zonas donde, a su juicio, el turismo “es necesario que evolucione”.
En ese marco, defendió que el modelo mixto debe permitir que el turismo beneficie “al palmero”, sin desplazar el peso del sector primario: “Que el sector agrícola pueda seguir evolucionando como hasta ahora y ser el centro de esta isla, y combinarlo con el turístico”.
La “herramienta” de islas verdes y el papel de ayuntamientos y técnicos
En el tramo más crítico, Acosta apuntó a las dificultades para aplicar la ley cuando, según afirmó, “hay algún funcionario en algunos ayuntamientos” —y “también algunos políticos”— que no muestran la “firmeza” de aplicarla “con rigor” y hacerla efectiva. A su juicio, ese freno impide aprovechar el marco legal para impulsar el “reparto de riqueza” que persigue el modelo.
Recordó además los “varapalos” sufridos por La Palma y, en especial, el volcán, como telón de fondo de la recuperación.
El “tubo de la Fajana”: proyecto redactado y reunión sin respuesta
La entrevista regresó a un asunto recurrente en la agenda insular: el tubo de la Fajana. Acosta explicó que el Gobierno canario solicitó hace “más de un mes” una reunión con la Dirección General de Costas del Estado “exclusivamente” para abordar ese caso y presentar un proyecto ya redactado por el Cabildo, con la intención de cerrar una negociación que incluya “regularización” y opciones para “evolucionar”.
Según relató, aún no han obtenido respuesta y están reiterando la solicitud. En paralelo, señaló que el proyecto contempla accesos a nuevas playas surgidas tras la erupción, mencionando incluso demandas locales como la de un colectivo vinculado al surf que busca recuperar espacios de práctica.
Choque con el alcalde: “Cuando incumples la ley, te sanciona”
Uno de los momentos centrales llegó tras la emisión de un corte del alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, en el que criticaba la situación de expedientes y llegaba a decir que era “más perjudicial” sortear obstáculos con Costas Canarias que con Costas en Madrid.
La respuesta de Acosta fue directa. Primero, vinculó la falta de recursos a una cuestión interna del Gobierno: recordó que quien asigna recursos es el área económica del Ejecutivo y señaló que el vicepresidente y la consejera de Hacienda “son del Partido Popular”, invitando al alcalde a pedir “recursos” a sus compañeros si considera que faltan medios.
Después entró al detalle: defendió que Costas Canarias es “competente hasta el punto donde llegamos” y lanzó un aviso general: “Lo que no puede hacer un alcalde es incumplir con la ley. Da lo mismo el color que tenga. Cuando incumples con la ley… te sanciona”.
Acosta sostuvo que algunas sanciones citadas por el alcalde no fueron tramitadas por la comunidad autónoma sino por Costas del Estado, precisamente —según su versión— porque se actuó sin permiso o fuera del marco autorizado. “Cuando no hay permiso interviene el Estado”, resumió, mientras que, explicó, cuando existe permiso y se incumple, interviene la administración autonómica con el apoyo de la Agencia de Protección del Medio.
También cuestionó que el proyecto de canchas deportivas de la Avenida Marítima estuviera “consensuado” con su departamento, afirmando que “en ningún momento” se sentaron con la Dirección General para ello, y enmarcó los retrasos en la carga administrativa: “Recibimos 4.000 expedientes anuales para toda Canarias”.
Política local y pacto municipal: “No personalizo, pero me atacan”
La conversación abordó además la paradoja política: Acosta es secretario local de Coalición Canaria en Santa Cruz de La Palma, y CC gobierna en pacto con el PP en el municipio. El director general aseguró que, cuando habla de la ciudad, lo hace desde su organización y “no personaliza”, pero dijo encontrarse con “declaraciones de carga” hacia él “personalmente” que no entiende. Aun así, afirmó estar a disposición del Ayuntamiento “oficialmente todas las veces que haga falta” para buscar soluciones.
Como método de trabajo, defendió la importancia de reuniones previas antes de presentar proyectos: sirven para asignar técnico, anticipar correcciones y mejorar tiempos de respuesta. Y añadió un reproche explícito: “El Ayuntamiento de Santa Cruz La Palma no me ha reclamado nunca… nunca”.
Una Ley de Costas Canarias para acercar autorizaciones a los ayuntamientos
Acosta dejó un anuncio de calado: su departamento ha “arrancado la redacción” de una futura Ley de Costas Canarias. Entre las intenciones, señaló la de traspasar gran parte de autorizaciones a los ayuntamientos para que las “pequeñas cosas” se resuelvan más cerca del territorio, aunque advirtió de que el Estado “no está de acuerdo” y habrá que “pelear”.
También aportó un dato organizativo: la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Dirección General se aprobó en julio de 2025, y reconoció que aún no cuentan con todos los recursos necesarios, compensándolo —dijo— con “esfuerzo”, horas extra y una gestión “cercana” orientada a buscar alternativas antes que informes negativos.
Del litoral a las goteras… y al debate del aparcamiento
La charla terminó con un tono más distendido, entre referencias a las goteras del pabellón y al eterno debate de los aparcamientos en la capital, pero Acosta aprovechó para lanzar una reflexión de fondo: pidió “bajar el nivel de tensión” y centrar la política en “resolver los problemas de los ciudadanos”, evitando que las “peleítas” terminen perjudicando al vecino.
