Onán Cruz: “La oficina virtual ha venido a quedarse” para desatascar los ayuntamientos pequeños
El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, Onán Cruz Díaz, defendió en Herrera en COPE La Palma el buen funcionamiento de las oficinas virtuales de apoyo a los municipios en reto demográfico, un recurso que —según detalló— ya acumula alrededor de 400 expedientes y está siendo especialmente útil en consistorios con escasez de personal técnico.
Cruz explicó que esta herramienta nació del “debate abierto” en el marco de la primera conferencia de presidentes sobre la necesidad de reforzar a los municipios de menos de 10.000 habitantes, donde “sobre todo las oficinas técnicas” sufren falta de efectivos. La fórmula, señaló, consiste en una oficina virtual en la que el personal municipal puede apoyarse en profesionales de la empresa pública Gesplan (tal y como indicó en antena) para resolver cuestiones del día a día: desde la tramitación de una licencia hasta la justificación de una subvención.
Con una imagen muy gráfica, el director general comparó el servicio con “el compañero de la mesa del lado”, al que se le pide ayuda para sacar adelante un encargo urgente. “Lo que pasa es que el compañero no está en la mesa del lado, sino que es a través de una plataforma virtual”, resumió. Y puso ejemplos concretos de la realidad municipal: en algunos ayuntamientos, dijo, la oficina técnica se sostiene con una sola persona, por lo que el programa busca “desatascar” expedientes y acelerar respuestas.
Además, remarcó que se trata de una de las medidas que, a su juicio, conecta directamente al Gobierno con la ciudadanía: “El ciudadano que haya pedido esa licencia… es el propio Gobierno de Canarias, a través de esta oficina, quien le está dando respuesta por medio de su ayuntamiento”. Con ese balance, sostuvo que el programa está teniendo “mucho éxito” y que los municipios participantes están reclamando más presupuesto para ampliar servicios.
Planes generales supletorios: Villa de Mazo, en el horizonte
Durante la entrevista, Cruz abordó también uno de los asuntos más habituales en la política municipal: los planes generales, y en particular los planes generales supletorios, que son aquellos que tramita, financia y aprueba directamente la Consejería. Recordó que este mecanismo procede de una normativa de 2009 y que ya no puede solicitarse, pero sigue su curso en varios municipios que se acogieron años atrás.
Tras citar las aprobaciones de San Miguel (Tenerife) y San Bartolomé (Lanzarote) a finales del año pasado, avanzó los próximos hitos:
- Villa de Mazo (La Palma): previsión de aprobación definitiva antes de final de año.
- La Orotava (Tenerife) y Arrecife (Lanzarote): expectativa de que queden aprobados en el primer semestre.
- Firgas (Gran Canaria) y Arico (Tenerife): tramitaciones más retrasadas, con horizonte de aprobación a lo largo de 2027.
Consciente de la complejidad del urbanismo para el ciudadano, defendió explicarlo con ejemplos: el plan general, dijo, es “una caja” de documentos que acaba respondiendo a tres preguntas clave: qué puede hacer una persona en su terreno, qué actividades se permiten y qué municipio se proyecta a 10, 15 o 20 años.
Refuerzo para resolver dudas de la Ley del Suelo
El director general anunció, además, un impulso a la oficina de consultas jurídicas en materia de ordenación, que hasta ahora dependía del personal disponible en la Consejería. El objetivo, explicó, es mejorar tiempos de respuesta y “sentar criterio”, para que la Ley del Suelo se aplique de forma homogénea “igual en Agüimes que en Santa Cruz de La Palma”.
Para ello, indicó que se ha aprobado un programa destinado a dotar a esa oficina de tres juristas específicos, evitando que las consultas se repartan sin estructura entre distintos servicios.
La actualización de la Ley del Suelo: al Parlamento en mayo, si se cumplen plazos
Sobre la actualización de la Ley del Suelo, Cruz aseguró que el Gobierno inició la legislatura con un diagnóstico interno y posteriormente trasladó el trabajo a técnicos municipales, cabildos, órganos ambientales y profesionales del sector. Con esas aportaciones, relató, se elaboró el texto y ahora se encuentra en fase de revisión por los servicios jurídicos, antes de pasar por Consejo de Gobierno, Consultivo y Parlamento.
Si se cumplen los plazos administrativos, estimó que la ley podría llegar al Parlamento en mayo y debatirse antes del verano, con la posibilidad de quedar aprobada entre junio y julio; de no ser así, se retomaría “a la vuelta del verano”. Tras la aprobación, dijo, la Consejería prevé acciones formativas para técnicos y profesionales con el fin de unificar criterios de aplicación.
Reto demográfico: subvenciones al 100% y más suelo para vivienda
Cruz ligó buena parte de la acción de la Consejería a la estrategia canaria de reto demográfico, un paquete de 56 medidas transversales. En el ámbito urbanístico, explicó que se han ajustado las bases de subvenciones de planeamiento para favorecer a los municipios pequeños. Según expuso, en 2025 se concedieron 15 subvenciones iniciales y 10 fueron a municipios en reto demográfico, con una diferencia significativa: en estos casos, la financiación puede alcanzar el 100%, mientras que en el resto suele ser del 75%.
También destacó una modificación normativa ya en vigor para permitir que, en los asentamientos rurales de estos municipios, se puedan colmatar espacios interiores (huecos entre viviendas) y convertirlos en suelo disponible para edificar. A su juicio, esta medida incide en uno de los grandes obstáculos para fijar población: la escasa disponibilidad de vivienda.
Tajogaite: exposición pública de la “línea roja” y, después, decidir usos
Uno de los bloques centrales de la entrevista se centró en la delimitación del entorno del volcán Tajogaite, con la intención de aportar seguridad jurídica a vecinos y administraciones. Cruz indicó que el objetivo inmediato es sacar a información pública durante febrero el contorno del espacio alrededor del cono —una ampliación del espacio natural de Cumbre Vieja— por un periodo de 45 días, para que la ciudadanía pueda presentar alegaciones.
El director general insistió en que la competencia de su departamento, en esta fase, es fijar el perímetro: “marcar esa línea roja”. Después, una vez analizadas las alegaciones y consolidado el borde definitivo, corresponderá al Cabildo, a través de los planes de uso y gestión, decidir qué puede ocurrir dentro del espacio protegido, tanto en la zona del cono como en las fajanas generadas por la erupción.
En ese proceso, añadió, la ciencia ya está teniendo un papel clave (citó organismos como el IGN) y deberá seguir influyendo en la definición de actividades compatibles. Su idea, reiterada a lo largo de la charla, es huir del concepto de espacio natural como “foto fija”: “Lo ideal es que ahí dentro pasen cosas”. Eso sí: cosas compatibles con la conservación, con accesos controlados, senderos y visitas ordenadas a elementos de interés como fumarolas o tubos volcánicos.
Cruz concluyó defendiendo que un espacio natural protegido puede y debe ser también motor económico, siempre que se gestione “de una manera racional” y se cuide el patrimonio geológico de La Palma.
