Jonathan Felipe, alcalde de Breña Alta, critica el “basurazo” y pide una modificación de la ley
El alcalde de Breña Alta y comisionado insular en la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Jonathan Felipe, ha calificado de “basurazo” la nueva tasa de residuos que deberán aplicar los municipios de más de 5.000 habitantes a partir de 2026, como consecuencia de la transposición de una directiva europea a la legislación española. En una entrevista en COPE La Palma, Felipe expresó su indignación y la de muchos alcaldes de la isla, asegurando que esta medida “llega como un elefante en una cacharrería” a golpear directamente el bolsillo de los ciudadanos.
El regidor explicó que la obligación nace de la Ley 7/2022, que impone una tasa específica para fomentar la economía circular y la correcta gestión de residuos. Sin embargo, Felipe considera que su aplicación ha sido “mal hecha”, sin tener en cuenta las singularidades insulares ni los elevados costes logísticos que implica, por ejemplo, trasladar residuos voluminosos como colchones hasta Sevilla, ante la falta de plantas de tratamiento en Canarias.
“Nos tratan igual que a las comunidades continentales, pero nuestros costes son muy distintos. Esta ley no se adapta a la realidad de territorios insulares”, lamentó Felipe, quien ya expuso estas inquietudes ante las autoridades europeas en Bruselas. Además, subrayó que la ciudadanía se verá obligada a pagar una tasa por un servicio que actualmente está lejos de ser eficiente.
“La recogida de residuos en La Palma arrastra problemas históricos: flota de camiones obsoleta, falta de personal y un sistema que no está funcionando como debería. Subir la tasa en estas condiciones es muy difícil de explicar a los vecinos”, reconoció.
Aunque la obligación de modificar las ordenanzas fiscales ya está sobre la mesa, Felipe aclaró que el cobro de la nueva tasa no se podrá aplicar hasta 2026, ya que, por ley, debe aprobarse antes del 1 de enero del año en curso para entrar en vigor.
Ante esta situación, el alcalde insiste en la necesidad de una modificación legal o un decreto que permita amortiguar el impacto económico en los ciudadanos, especialmente cuando el servicio aún no ha mejorado. “No se puede cargar al ciudadano un sobrecoste que proviene de la falta de planificación y gestión adecuada por parte de las administraciones”, concluyó.
