Borja Perdomo suspende el ritmo de la reconstrucción y reclama certezas para los propietarios de la Zona Roja
El portavoz socialista en el Cabildo de La Palma cuestiona la exclusión de Los Llanos de Aridane de la ampliación del convenio estatal, pide soluciones para las familias que siguen en viviendas modulares y exige al Gobierno de Canarias que concrete su aportación a las infraestructuras dañadas por el volcán.
El portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de La Palma y secretario insular del PSOE, Borja Perdomo, considera que la reconstrucción de la isla «está suspendida» cuando se cumplen cinco años de la erupción del Tajogaite. En una entrevista con Miguel Ángel San Blas en Herrera en COPE La Palma, sostuvo que los avances han sido más lentos de lo esperado en vivienda, recuperación agrícola y comunicaciones.
Perdomo se refirió a la ausencia de Los Llanos de Aridane en la ampliación del convenio estatal para financiar actuaciones relacionadas con la erupción. Frente a las acusaciones del alcalde, Javier Llamas, de que existe una intención política de perjudicar al municipio, el dirigente socialista afirmó que, según la información que le ha trasladado el ministerio, quedan requerimientos de documentación sin subsanar. También aseguró que algunas actuaciones figuran tanto en el convenio del Ayuntamiento como en el del Cabildo. «Cada uno tendrá que demostrar lo que ha hecho y lo que no ha hecho», señaló, y pidió que ambas administraciones pongan sus documentos sobre la mesa.
El portavoz socialista consideró especialmente preocupante que Los Llanos, el municipio más afectado por la erupción, haya quedado fuera de esta ampliación. Sostuvo, además, que su nivel de ejecución de fondos es inferior al de El Paso y Tazacorte, una valoración que atribuyó a los datos de los que dispone. Según explicó, está prevista la convocatoria de una comisión mixta en La Palma en la que podrían examinarse las actuaciones realizadas y las cuestiones pendientes.
Otra de sus principales demandas se dirige a los propietarios de terrenos situados en la denominada Zona Roja. Perdomo afirmó que estas familias llevan cinco años sin saber qué ocurrirá con sus suelos ante la posible ampliación del espacio protegido de Cumbre Vieja. Reclamó que, una vez delimitadas las áreas que deban protegerse, las administraciones expliquen con claridad cómo compensarán a los afectados. A su juicio, deben buscar una fórmula para pagar los terrenos conforme a un valor «lo más realista posible» respecto a lo que tenían antes de la erupción.
También abordó la situación de quienes permanecen en viviendas modulares. Criticó que algunos residentes hayan recibido requerimientos para acreditar si disponen de otra propiedad, porque entiende que esas comunicaciones aumentan su incertidumbre. Propuso que las administraciones hablen directamente con cada familia y pidió que se terminen las viviendas previstas en Los Llanos para facilitar una solución habitacional.
Al hacer balance de la reconstrucción, Perdomo citó los retrasos en vivienda, fincas agrícolas y carreteras, así como pagos que, según dijo, siguen pendientes para agricultores. «Yo no puedo decir que la reconstrucción apruebe», afirmó. Cuestionó además que el Gobierno insular atribuya a la falta de fondos estatales la demora de otros proyectos, como la residencia de Los Llanos, y sostuvo que el Cabildo dispone de recursos que podría destinar a esa actuación.
Sobre la ampliación del convenio estatal, Perdomo precisó que los aproximadamente 32 millones de euros anunciados requieren todavía la generación del crédito y los trámites necesarios antes de su pago. Reclamó asimismo al Gobierno de Canarias que concrete su aportación comprometida para las infraestructuras afectadas por el volcán. Según sus cálculos, una vez se abonen los fondos estatales previstos al Cabildo, la contribución autonómica correspondiente rondaría los 25 millones de euros.
Por último, el portavoz socialista reprochó al presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, su ausencia en la Junta de Portavoces. Consideró que ese órgano debe servir para informar y debatir los asuntos de la institución con los grupos políticos y calificó de «falta de respeto» que el presidente no participe en sus reuniones.


















