Antonio Manuel Acosta defiende una ley canaria del litoral para adaptar la gestión de la costa a la realidad del archipiélago
El director general de Costas del Gobierno de Canarias asegura en Herrera en COPE La Palma que la futura norma busca ordenar el litoral desde una visión autonómica, proteger los núcleos costeros históricos y lograr que los recursos generados en Canarias reviertan en las islas
El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Manuel Acosta, defendió en Herrera en COPE La Palma la futura Ley de Gestión del Litoral y de la Costa de Canarias como una herramienta clave para adaptar la normativa estatal a las singularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas del archipiélago.
Acosta explicó que ya se encuentra abierta la fase de consulta previa del anteproyecto, un periodo en el que ciudadanos, colectivos y sectores implicados podrán trasladar propuestas antes de que exista un borrador articulado. Según detalló, esta primera fase, publicada en el portal de transparencia del Gobierno canario, servirá para recabar aportaciones sobre el contenido que debería recoger la futura norma. Posteriormente, previsiblemente en mayo, se abrirá una nueva consulta pública ya con un texto base sobre la mesa.
El responsable regional de Costas subrayó que el objetivo del Ejecutivo autonómico es culminar el procedimiento parlamentario dentro de la actual legislatura. En su opinión, la nueva ley permitiría ordenar las competencias de Canarias sobre el litoral y reforzar la defensa del autogobierno recogido en el Estatuto de Autonomía de 2018.
Durante la entrevista, Acosta insistió en que la ley estatal de Costas de 1988 respondió a un contexto diferente y que, casi cuatro décadas después, resulta necesario actualizar el marco legal para ajustarlo a la realidad insular. “Canarias es totalmente distinta a cualquier litoral español”, afirmó, al tiempo que recordó el peso estratégico, económico y social que tiene la costa para las islas.
En este sentido, destacó que buena parte de la población y de la actividad económica de Canarias se concentra en la franja litoral. También recordó que el turismo, principal motor económico del archipiélago, se desarrolla en ese entorno y que incluso siete de los ocho aeropuertos canarios están en dominio público marítimo-terrestre. A su juicio, esa realidad obliga a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico y la vida cotidiana de la población.
Acosta defendió que la futura norma no se limitará únicamente a la franja terrestre, sino que también deberá ordenar cuestiones vinculadas al medio marino, como la calidad de las aguas costeras o la organización de competencias dentro del propio Gobierno autonómico. En el caso de La Palma, apuntó además a la necesidad de dar encaje a nuevos espacios surgidos tras la erupción volcánica, combinando protección y aprovechamiento para la recuperación insular.
Uno de los mensajes más contundentes de la entrevista fue su crítica al reparto de recursos y competencias entre el Estado y la comunidad autónoma. El director general lamentó que Canarias recaude importantes cantidades a través de cánones por autorizaciones y concesiones en el litoral, mientras la inversión estatal en las islas resulta, a su juicio, insuficiente. Puso como ejemplo actuaciones pendientes en enclaves de La Palma, como la zona de Punta del Pozo, donde, aseguró, el deterioro se ha agravado tras varios temporales sin que se haya ejecutado una solución definitiva.
En esa línea, reclamó que parte de lo que se recauda en el territorio revierta en el propio territorio. “Lo que se recaude en Canarias debe revertir en Canarias”, vino a defender Acosta, que vinculó esta reivindicación tanto al Estatuto de Autonomía como al Régimen Económico y Fiscal del archipiélago.
El director general también hizo referencia a la estrategia conjunta que están impulsando varias comunidades autónomas costeras para reclamar una reforma de la ley estatal de 1988. Según señaló, Canarias ya trabaja con otras autonomías para trasladar al Estado la necesidad de modernizar el marco normativo y reconocer mejor las realidades propias de cada territorio.
En el plano más social, Acosta puso el foco en la necesidad de preservar los núcleos costeros tradicionales y evitar que se actúe de forma indiscriminada sobre asentamientos con valor histórico y patrimonial. Defendió que no puede tratarse igual a construcciones irregulares recientes que a enclaves que forman parte de la memoria colectiva y del modo de vida tradicional vinculado al mar.
También se refirió a la necesidad de que el desarrollo turístico futuro pase más por mejorar la calidad de las instalaciones existentes que por seguir ampliando la ocupación del litoral. A su entender, la gestión de la costa debe orientarse a conservar los valores naturales y, al mismo tiempo, ofrecer seguridad jurídica a quienes habitan y desarrollan su actividad en estos espacios.
En otro momento de la entrevista, Acosta abordó la polémica sobre el proyecto de las canchas en Santa Cruz de La Palma. Aseguró que la Dirección General de Costas tuvo conocimiento de la iniciativa a través de una rueda de prensa y lamentó que no se hubiera producido una consulta previa con el departamento autonómico antes de redactar y presentar el proyecto. Según explicó, ese diálogo previo resulta fundamental para evitar inversiones en propuestas que luego no puedan ajustarse a la legalidad vigente.
Finalmente, y ya en clave política, Antonio Manuel Acosta no cerró la puerta a su futuro en la política municipal de Santa Cruz de La Palma. Recordó que sigue siendo el referente de Coalición Canaria en la capital palmera y reiteró su vinculación personal y política con la ciudad, aunque evitó concretar decisiones inmediatas de cara a próximas citas electorales.
