Héctor Izquierdo: “El objetivo es que la recuperación de las fincas afectadas se acerque al 90% a final de año”
El comisionado para la Reconstrucción destaca que la bonificación del 60% del IRPF supondrá 135,1 millones de euros para 35.000 contribuyentes palmeros y confirma que 99 de los 100 millones aprobados se destinarán al sector agrícola
El comisionado especial para la Reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo Triana, ha valorado en Herrera en COPE La Palma la aprobación del nuevo real decreto ley estatal, cuyo contenido incluye varias medidas dirigidas a la isla. Entre ellas destacan la bonificación del 60% del IRPF correspondiente a 2026, una aportación de 100 millones de euros para la reconstrucción y la ampliación de las ayudas para los afectados por la erupción volcánica.
Izquierdo explicó que la bonificación fiscal entra en vigor de forma inmediata, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aunque posteriormente deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados. Según señaló, los contribuyentes pueden solicitar desde ahora la regularización de las retenciones aplicadas en sus nóminas para beneficiarse de la medida durante los últimos meses del año.
“Lo importante es que ese dinero fluya en La Palma”, afirmó el comisionado, quien recomendó ajustar las retenciones antes de finalizar el ejercicio para que el beneficio económico llegue directamente a las familias, en lugar de esperar a la campaña de la renta del próximo año.
La Agencia Tributaria estima que la medida movilizará 135,1 millones de euros y beneficiará a unos 35.000 contribuyentes. Izquierdo destacó la evolución de esta cifra, que pasó de los 78 millones de euros en 2022 a 111 millones en 2025 y alcanzará los 135 millones en 2026.
A su juicio, este crecimiento también refleja una mejora de la economía insular. “Es un indicador de que la economía de La Palma está creciendo”, aseguró.
Confianza en la bonificación para 2027
Preguntado por los motivos del retraso en la aprobación, Izquierdo lo atribuyó a la necesidad de garantizar previamente una mayoría parlamentaria suficiente para convalidar el real decreto ley. Recordó que la norma entra en vigor antes de su votación en el Congreso y consideró necesario contar con la seguridad de que será respaldada.
Sobre la continuidad de la bonificación en 2027, el comisionado recordó que se ha aprobado anualmente desde 2022 y que el acuerdo de investidura contempla su mantenimiento durante cuatro años, incluyendo el próximo ejercicio.
“El histórico nos da confianza y demuestra el compromiso del Gobierno de España de seguir aplicando la medida”, manifestó.
El 99% de los 100 millones irá a la agricultura
Izquierdo confirmó que 99 de los 100 millones de euros autorizados se destinarán a la recuperación del sector agrícola. El millón restante financiará actuaciones relacionadas con la extracción y canalización de dióxido de carbono en Puerto Naos, una intervención que también puede repercutir en la actividad agraria debido a la presencia de CO₂ en el acuífero.
Dentro de los 99 millones destinados a la agricultura se incluyen ocho millones para compensar la pérdida de producción —el denominado “kilo improductivo”— correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026.
La aportación también permitirá afrontar las compensaciones pendientes por infraestructuras agrarias privadas, como estanques, cuartos de aperos o empaquetados de plátanos, abonando la diferencia entre las cantidades cubiertas por los seguros y el valor real de los bienes perdidos.
Otro bloque se dirigirá a las comunidades de regantes para reconstruir y modernizar las redes de distribución. “De nada sirve tener los caminos y las ayudas si el agua no llega a las fincas”, subrayó.
La tercera línea servirá para complementar las ayudas concedidas para recuperar los cultivos, fijadas inicialmente en 44,06 euros por planta de plátano y 29 euros en el caso del aguacate. El comisionado reconoció que el aumento del precio de los materiales ha provocado que estas cantidades sean insuficientes en numerosas explotaciones, especialmente en aquellas situadas en terrenos con mayor pendiente.
El importe definitivo dependerá de las tasaciones y de las indemnizaciones previamente abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Izquierdo aseguró que, si los fondos resultan insuficientes, deberán ampliarse para evitar agravios entre los afectados.
Pagos antes de finalizar el año
El objetivo marcado por el Gobierno es que antes de finalizar diciembre, o a comienzos de enero, estén abonadas las compensaciones pendientes por primeras, segundas y terceras viviendas, infraestructuras agrarias, comunidades de regantes y recuperación de cultivos.
Izquierdo recordó que el Gobierno de Canarias cuenta, además, con otros 50 millones de euros consignados en sus presupuestos para La Palma. Posteriormente quedarían pendientes actuaciones que no fueron destruidas directamente por la erupción, pero que se consideran necesarias como consecuencia de la emergencia, entre ellas el cierre del anillo hidráulico o la instalación de sistemas de potabilización y bombeo.
El cierre del anillo hidráulico tendría un coste aproximado de 30 millones de euros y permitiría garantizar el suministro de agua ante posibles interrupciones, evitando situaciones como el traslado de agua por vía marítima vivido después de la erupción.
Se amplía la moratoria hipotecaria
El real decreto ley también amplía durante seis meses la moratoria para los préstamos de agricultores del Valle de Aridane afectados por el volcán. La medida estará vigente entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, aunque las solicitudes deberán presentarse ante las entidades bancarias antes del 15 de octubre.
El comisionado insistió en que los afectados deben realizar expresamente esta gestión en sus bancos para beneficiarse de la prórroga.
Asimismo, se modifica la normativa sobre las prestaciones por cese de actividad de los autónomos. El cambio evita que las ayudas del POSEI se contabilicen como ingresos ordinarios y provoquen la pérdida de la prestación o la exigencia de devolver cantidades ya percibidas.
Recuperar hasta el 90% de las fincas
Izquierdo evitó asegurar que la reconstrucción pueda darse por concluida antes del final de la legislatura, aunque afirmó que el Gobierno trabaja para avanzar “lo máximo posible”. Situó el 31 de diciembre como una fecha clave para ejecutar los pagos y evitar que las partidas pendientes se retrasen hasta abril del siguiente ejercicio.
Actualmente, el 40% de las fincas afectadas ya ha recuperado su actividad y otro 30% se encuentra en proceso, lo que elevaría la recuperación al 70%. Del porcentaje restante, alrededor de un 10% de los propietarios ha comunicado que no continuará con la actividad, principalmente por falta de relevo generacional.
“El 20% que queda tenemos que conquistarlo, dándole recursos, riego, dinero, facilidades y moratorias”, señaló.
El comisionado concluyó que la prioridad debe ser acercar la recuperación agrícola al 90% a finales de año. “Ese es el indicador importante: que el porcentaje de fincas recuperadas se acerque más al 90% deseable que al 70% actual”, sentenció.
