El Juzgado archiva las denuncias contra los vecinos de La Bombilla que desafiaron la prohibición de acceder a sus viviendas por el CO₂
La magistrada considera que no hay indicios suficientes para continuar con la causa penal. La Delegación del Gobierno había acusado a los afectados de desobediencia
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Los Llanos de Aridane ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa penal abierta contra al menos una docena de vecinos de La Bombilla, denunciados por desobedecer la prohibición de acceder a sus viviendas durante las restricciones impuestas por las altas concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) tras la erupción volcánica de 2021.
En un auto dictado el pasado 14 de marzo, al que ha tenido acceso ElValledeAridane.com, la jueza titular concluye que “no es posible continuar el procedimiento como diligencias previas, ya que no aparece debidamente justificada la perpetración del hecho supuestamente delictivo”. Además, el fallo judicial señala que la parte denunciante ha retirado la denuncia, “renunciando a todas las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle”.
El abogado de una decena de los vecinos implicados, Carlos Lugo, explica que la denuncia fue presentada por la Delegación del Gobierno, que acusaba a los afectados de desobedecer a la Guardia Civil, una infracción contemplada en el Código Penal con penas que oscilan entre tres meses y seis años de prisión o sanciones económicas. Por ello, el archivo de la causa supone un gran alivio para los residentes.
Según Lugo, los vecinos regresaron a sus casas movidos por un estado de necesidad extremo, al no recibir alternativas viables por parte de las autoridades. “Lo hicieron bajo su responsabilidad y con medidores de CO₂ como medida de precaución”, puntualiza el letrado. Además, sostiene que nunca existió una orden judicial que avalara el desalojo, y que los afectados llevaban consigo una declaración por escrito asumiendo las consecuencias de volver a sus hogares.
“No se trató de cometer ningún delito, sino de sobrevivir”, subraya Lugo, quien insiste en que el regreso a las viviendas se hizo de forma consciente y segura.
A pesar del cierre de la vía penal, los vecinos aún enfrentan cuantiosas sanciones administrativas impuestas por acceder sin autorización a la zona de exclusión. Las multas, en algunos casos reiteradas, superan los 30.000 euros por persona. El abogado ha presentado alegaciones en nombre de medio centenar de afectados.
Solicitud de condonación de las sanciones a Pedro Sánchez
En mayo de 2024, Carlos Lugo remitió un dossier de 500 páginas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando la condonación de las multas, e incluso la devolución de las cantidades ya abonadas. Argumenta que esta medida sería un acto de “equidad y en favor del interés general”.
El letrado invoca el artículo 20.1 del Código Penal, que exime de responsabilidad a quienes actúan sin plena conciencia de la ilegalidad de sus actos. En este caso, por el impacto psicológico y emocional vivido tras la erupción y sus consecuencias devastadoras.
“La realidad es que, por entrar en la zona de exclusión, no ha ocurrido absolutamente nada. Además, decenas de trabajadores de obras y servicios públicos han accedido a la misma zona sin sufrir daño alguno”, remarca Lugo.
