Coalición Canaria presentó este lunes en su sede insular una solución definitiva para evitar que 1.296 productores de plátano de La Palma tengan que devolver las ayudas por pérdida de renta concedidas tras la erupción volcánica. En la comparecencia participaron la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto; el consejero de Agricultura, Narvay Quintero; y el diputado y alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe.

El encuentro había sido convocado en un horario poco habitual debido a retrasos en vuelos y cambios de agenda, según explicó Felipe al inicio de la comparecencia.

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Barreto: “Se eligió el reglamento menos adecuado y eso dejó a más de 1.200 agricultores ante una devolución injusta”

La consejera Nieves Lady Barreto expuso de manera cronológica el origen del problema. Recordó que, tras la erupción de 2021, el Gobierno autonómico decidió compensar la pérdida de ingresos de los agricultores que no podían producir, fundamentalmente plataneros. Entre anticipos y pagos se distribuyeron 21 millones de euros, la mayoría procedentes del Estado.

Sin embargo, al llegar al Gobierno en 2023, explicó Barreto, se encontraron con que la ayuda correspondiente al ejercicio 2022-2023 no se había abonado y que los 10 millones de euros presupuestados por el Estado nunca llegaron a Canarias. El Ejecutivo autonómico tuvo que transferir esos fondos desde su propia Consejería, además de otros 10,5 millones destinados al Cabildo para completar pagos pendientes.

Pero el punto crítico surgió cuando los técnicos del área de Agricultura detectaron un expediente sin publicar en la legislatura anterior que obligaba a 1.296 productores a devolver dinero por supuestos cobros indebidos derivados del reglamento escogido.
Según Barreto, se había optado por “la peor alternativa jurídica posible”, una normativa europea sobre pérdida de renta “no adecuada a una situación excepcional como un volcán”.

El procedimiento heredado implicaba notificar a todos los afectados y acudir a los tribunales para reclamar las devoluciones. “No estábamos dispuestos a ejecutar algo tan perjudicial”, afirmó. Tras casi un año de análisis conjunto entre servicios jurídicos y la Consejería de Agricultura, se alcanzó una vía legal “más justa y menos lesiva”, que será blindada mediante una enmienda a la Ley de Presupuestos de Canarias.

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Narvay Quintero: “No podíamos reclamar dinero a familias que lo usaron para comer o pagar un alquiler tras perderlo todo”

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, profundizó en el contexto social y económico del sector platanero en los meses posteriores al volcán. Recordó que la producción quedó paralizada, muchas fincas desaparecieron y cientos de familias vieron esfumarse su sustento.

Quintero criticó que el Gobierno anterior publicara solo parte de la resolución de ayudas —la lista de beneficiarios— sin incluir el anexo que detallaba quién debía devolver anticipos. Esa falta de transparencia dejó la situación “oculta” hasta la llegada del nuevo Ejecutivo.

El consejero explicó que, en un primer momento, la única vía jurídica disponible parecía ser la declaración de lesividad, que obligaría a reclamar las devoluciones por vía judicial. “No podíamos pedir 3.000 o 5.000 euros a personas que los utilizaron para comer, pagar un alquiler o mantener a sus hijos”, subrayó.

Posteriormente, un análisis económico reveló un factor clave: en 2022 el precio del plátano aumentó un 43%, impulsado por la caída de producción y por la solidaridad de los consumidores en la península. Ese incremento benefició a los productores activos, pero no a quienes no podían cultivar. Esa anomalía reforzó la posibilidad de articular una ayuda específica distinta a la pérdida de renta europea.

La solución final será una nueva ayuda compatible con la normativa comunitaria, articulada mediante la enmienda a los Presupuestos. Con ella, la gran mayoría de los 1.296 afectados no tendrán que devolver nada o solo una cantidad mínima.
Además, se incluirá un segundo bloque de compensaciones para agricultores que no cobraron anticipos y tampoco pudieron beneficiarse del alza de precios.

Quintero dejó claro que quienes recibieron ayudas por fincas situadas fuera de La Palma sí deberán devolverlas, como establece la normativa.

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Jonathan Felipe: “Es una solución justa para quienes perdieron sus tierras y su sustento”

El diputado autonómico y alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, cerró la intervención subrayando que el Gobierno ha actuado “con justicia y sentido común” para proteger a las familias afectadas.

Recordó que muchas de estas personas vivían en hoteles o alojamientos temporales, sin ingresos y con la incertidumbre sobre el futuro de sus fincas. “Era inconcebible exigirles devoluciones por un error que no cometieron”, afirmó.

Felipe destacó la coordinación entre las consejerías, el trabajo de los servicios jurídicos y la importancia de la enmienda presupuestaria, que permitirá que los agricultores “puedan seguir adelante sin la amenaza de un procedimiento judicial”.

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Una vía definitiva para cerrar un problema heredado

Con esta solución, el Gobierno de Canarias pretende poner fin a un conflicto que se arrastraba desde hace dos años y que mantenía en vilo a más de un millar de familias vinculadas al sector platanero.
La enmienda anunciada será determinante para que las ayudas cedidas tras la erupción no se conviertan en un quebradero de cabeza para quienes ya lo perdieron todo.