La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (CC), aseguró en COPE La Palma que su departamento está “corriendo” para dejar comprometidos antes del 31 de diciembre los 100 millones de euros procedentes del superávit de 2024 del Ejecutivo autonómico, destinados a seguir avanzando en expedientes vinculados a la respuesta tras la erupción volcánica.

En conversación con Miguel (COPE La Palma), Barreto explicó que en los primeros 12 días se han sacado adelante los expedientes “más sencillos” y que esta semana se abordarán los más complejos, entre ellos los relacionados con PDR, al requerir revisiones adicionales —como descontar importes ya cobrados o verificar documentación presentada recientemente— e incluso regularizar situaciones de personas que “no estaban registradas” en el registro único.

El reloj del 31 de diciembre: “Si no se compromete, se pierde disponibilidad”

La consejera fue tajante sobre el calendario. A su juicio, se ha instalado la idea de que “no pasa nada” si no se paga este año, pero advirtió de que el marco del Real Decreto obliga a ejecutar/comprometer esos fondos antes de que termine 2025 (con órdenes de pago firmadas) para no arriesgar su disponibilidad posterior.

“Este es el año 24; si no se termina de ejecutar, si no se compromete el dinero firmando las órdenes de pago antes del 31 de diciembre, este dinero pasaría a remanente… y ya no lo tendríamos disponible”, resumió, insistiendo en que la vía “más segura” es dejar los 100 millones comprometidos, aunque sea “lo más complicado”.

Como “medida de salvaguarda”, Barreto anunció que el Gobierno canario ha preparado una enmienda ligada a los Presupuestos autonómicos para intentar blindar, en caso de no llegar a tiempo con todo, alguna posibilidad de disponer del dinero el próximo año, aunque reconoció que “no está tan sencillo”.

Choque con el relato estatal: “No es dinero del Gobierno de España”

Barreto también cargó contra lo que considera confusión en el relato público. Señaló que, cuando se anunció el Real Decreto, desde el Gobierno de España se habló de esos 100 millones como si fueran estatales y como si estuvieran “destinados a fincas y a pagar expropiaciones de la carretera de la costa”.

Sin embargo, afirmó que al leerse el texto publicado en el BOE (según recordó, el 26 de noviembre) el artículo relativo a estos fondos no fija esa obligación específica. “No es verdad ninguna de las cosas…”, insistió, remarcando que se trata del superávit del Gobierno de Canarias y que la prioridad es convertirlo en pagos efectivos a los afectados sin perder el tren del cierre de año.

En ese contexto, recalcó que su equipo ya ha empezado a mover el expediente de fincas: habló de más de 400 personas a las que se ha comenzado a notificar, y de 53 millones en fincas “preparados” para notificación, con el inicio de notificaciones situado el 5 de diciembre junto a la primera orden de pago.

“La zona roja”, el espacio protegido y los “dignificados”: “Es la situación más injusta”

En la entrevista, la consejera abordó también la protesta de los denominados “damnificados” de la erupción volcánica, vinculada a la denominada zona roja y a la espera de delimitar un espacio natural protegido.

Barreto reconoció el malestar y calificó este caso como “la situación más injusta” desde un punto de vista moral, porque afecta a personas que quedaron en un área donde, por la futura protección, puede haber usos del suelo que no se recuperen. Explicó que, a diferencia de la vivienda habitual —que dio por mayoritariamente pagada salvo casos puntuales—, aquí el nudo está en el suelo y en qué se podrá hacer o no cuando se publique la delimitación y se abra el periodo de alegaciones. A partir de ahí, dijo, su Consejería se sentará con los afectados para plantear soluciones que, advirtió, deben sostenerse “en una norma”.

Vivienda pública en Breña Alta: 40 protegidas y 8 millones

En el tramo final, Barreto confirmó la construcción de 40 viviendas protegidas en Breña Alta, con una inversión “en torno a 8 millones de euros” a través de una aportación de su Consejería, que se transferirá al ayuntamiento para tramitar la actuación.

Detalló que el municipio ha optado por trabajar con Gestur para adjudicar proyecto y obra de forma conjunta y ganar agilidad, una fórmula que dijo ya se está aplicando en Los Llanos. Enmarcó la actuación dentro de un paquete mayor: aseguró que la inversión en vivienda pública de su Consejería en La Palma asciende a 64 millones, y que, sumando otras promociones, se sitúa en “80 y tantos” millones.

Barreto concluyó subrayando que la vivienda pública no se levanta “de hoy para mañana”, pero defendió que la isla necesita incorporar oferta para responder a una demanda en la que, según expuso, predominan las solicitudes de alquiler asequible.