Juan Miguel Rodríguez Acosta: Los desafíos en la recuperación de las zonas afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja
Una vez se ha cuantificado de forma precisa y reiterada los daños provocados por la erupción volcánica nos encontramos que aunque ya ha transcurrido más de un año de la finalización de esta catástrofe económica y social seguimos en la incertidumbre de no saber qué posibilidades ofrece la ordenación territorial de estos 12 millones de metros cuadrados cubiertos por las coladas volcánicas.
Los diversos sectores afectados, tanto el agrícola, el residencial, el turístico o el industrial-comercial siguen en este momento de espera agónica que los aboca a la desesperación y a la prolongación del duelo provocado por la destrucción de sus propiedades.
Respecto a la actividad residencial, se ha planteado una solución de concentración en unas bolsas de suelo que en algunos casos se implantarían dentro de la delimitación de las coladas y que ha día de hoy no tenemos definida su tramitación de forma que garantice su desarrollo. Hemos oído hablar de expropiar suelos para este motivo, de realizar convenios, posteriormente permutas con los afectados pero no se ha precisado ni aportado un estudio que evalúe el número de personas que optarían a esta solución, a la cual tampoco se concreta su financiación tanto para adquisición como para el proceso de urbanización. En este sentido resulta incongruente que lo que en principio se incluyó en el decreto del Gobierno de Canarias del 1/2022 de 20 de enero por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma no se haya aplicado en el ámbito del borde las coladas cumpliendo con el acuerdo plenario de cada ayuntamiento, y que provocaría un alivio en las bolsas de suelo pretendidas para la implantación residencial; además en esta evaluación se debería estudiar cada caso de forma individual para poder precisar la inversión necesaria.
También se habla de limitar a 3 metros la altura de colada para la ejecución de viviendas privadas y que choca de forma frontal con la propuesta de implantación tanto de viviendas como de actividad industrial planificada por la ordenación del Gobierno de Canarias.
Respecto a la actividad agrícola la dinámica de futuro es igual de desesperante, todavía no se permite realizar la transformación del suelo agrícola destruido para recuperar su productividad; parece una paradoja que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, abra una línea de subvenciones para los agricultores que han visto afectadas sus propiedades y después se prohíba la sorriba y abancalamiento de las mismas por un decreto del Cabildo Insular de La Palma (Decreto 7 de octubre de 2022).
Se habla de hacer una concentración parcelaria para la agricultura, sin recabar la opinión directa de los afectados, lo que coarta la posibilidad de comenzar una recuperación agrícola inmediata; en este sentido hay que valorar la libertad de decisión de cada agricultor, ya que a la pérdida de su forma y medio de vida se suma la imposibilidad de tomar sus propias decisiones. Tampoco se precisa la garantía de la financiación europea y mucho menos los plazos de inicio ni de finalización que se puedan prever. Por parte de la administración local, el retraso en la recuperación de esta actividad provoca la disminución de ingresos y de posibilidades de empleo.
Se habló de que las coladas no se protegerían, que la financiación no sería un problema; cada día las lavas se enfrían más y otras cosas también; al fin y al cabo, las medidas prohibitivas en el territorio, son medidas de protección, las medidas que paralizan las iniciativas de las personas, por un desarrollo económico coartan las posibilidades de crecimiento en cualquier sociedad.
A nivel laboral el mes de diciembre Canarias cerraba el año 2022 con una bajada del paro del 9,69%, sin embargo, en La Palma se disparó con 686 personas desempleadas más. Es ya previsible que esté presente mes, subirá aún más; si además a esto le sumamos 1.873 personas que están en ERTE la situación tiende a convertirse en dramática.
Como ciudadano de mi pueblo me preocupa que no nos permitan crecer urbanísticamente, en materia de vivienda, que en el tiempo transcurrido no se haya dilucidado la recuperación de nuestra relevante actividad agrícola; ¿Cuanto tiempo más vamos a ver un 30% de nuestro territorio sepultado, improductivo?
Juan Miguel Rodríguez Acosta
